La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (Confevip), presidida por Miguel Ángel Díaz, denunció este 28 de noviembre la posible infiltración de disidencias de las FARC en los procesos de otorgamiento de licencias para empresas de seguridad privada en Colombia. A través de un comunicado público y declaraciones del líder gremial, se pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad 18 licencias express expedidas en los últimos cuatro años, alertando sobre empresas fachada ligadas a grupos armados y esquemas irregulares que podrían estar lavando activos provenientes del narcotráfico.
Esta denuncia surge tras la exposición de resultados de operativos realizados por autoridades contra grupos armados que utilizan compañías de vigilancia como fachadas para actividades ilícitas. Confevip rechazó cualquier vínculo entre mandos militares, inteligencia y las disidencias conocidas como “Calarcá”, que involucrarían incluso a un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El gremio enfatizó la necesidad de diferenciar entre empresas legales, sometidas a estrictos controles de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y aquellas que apoyan a la delincuencia organizada.
Exigencias estrictas para operar en el sector
El sector de la vigilancia privada en Colombia cuenta con más de 50 años de historia y está compuesto principalmente por empresas familiares y sociedades formales visibles, que deben cumplir rigurosos requisitos para obtener licencias. Entre ellos, se exige un capital mínimo de 500 salarios mínimos legales vigentes, un seguro de responsabilidad civil por al menos 400 salarios mínimos, autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, registro en Cámara de Comercio, presentación de hojas de vida del personal, manual de operaciones, plan de capacitación en derechos humanos, cumplimiento de seguridad social, sistema de salud y seguridad en el trabajo con matriz de riesgos y profesional en SST licenciado.
“Necesitamos que la fiscalía investigue alrededor de 18 licencias express que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos claridad y sobre todo celeridad en las investigaciones y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes la estamos cumpliendo”.
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip
Los gremios han pedido aumentar los controles para identificar la presencia de grupos armados en el sector, rechazando categóricamente el uso de empresas fachada para respaldar a disidencias y esquemas irregulares. “La Confederación Nacional de Gremios de la Vigilancia Privada rechaza que se estén utilizando empresas fachadas para apoyar a la delincuencia, las disidencias y a los esquemas irregulares de seguridad. Necesitamos que la fiscalía obre con celeridad la investigación que comenzó hace unos meses”, afirmó Díaz, subrayando que “esta industria se ha constituido hace más de cincuenta años por empresas familiares, por empresas y socios visibles. Por lo tanto, necesitamos marcar una diferencia entre aquellas que se están utilizando para la mafia y aquellas que estamos cumpliendo con el deber constitucional”.
El comunicado de Confevip destaca que el sector opera bajo estrictos controles y busca claridad en las investigaciones para preservar la legalidad y el cumplimiento del deber constitucional de sus miembros formales.
