El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción a la campaña presidencial de Gustavo Petro por violaciones a los topes electorales y el uso de financiación prohibida, en una decisión aprobada por seis votos contra tres. Esta medida ha desatado un torbellino de reacciones políticas en Colombia, con congresistas de la oposición como la representante a la Cámara Carolina Arbeláez y Christian Garcés, del Centro Democrático, exigiendo la salida inmediata del presidente del cargo, mientras que defensores como Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, llaman a respetar el debido proceso judicial. El fallo se basa en la confesión de Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, sobre la entrada de dinero irregular a la campaña, aunque él niega que provenga de fuentes ilícitas como el narcotráfico.
La controversia se intensifica por las implicaciones constitucionales, ya que el artículo 109 de la Carta Magna establece la pérdida de investidura para casos de violación de topes electorales, independientemente de si el candidato tenía conocimiento directo. Petro ha respondido con vehemencia, negando cualquier irregularidad y acusando a la oposición de controlar el CNE, incluyendo a un conjuez que sería el abogado de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, vinculado a figuras cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez. Congresistas opositores critican esta postura como victimización y subrayan la necesidad de distinguir entre procesos penales y juicios políticos, abriendo la puerta a investigaciones en la Comisión de Acusaciones.
Reacciones cruzadas en el Congreso y del Ejecutivo
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, fue contundente al afirmar que en cualquier otro país el presidente ya habría sido sancionado y obligado a respetar la Constitución.
“En otro país del mundo el presidente ya hubiera salido, ya estuviera sancionado y se hubiera respetado la Constitución”
Carolina Arbeláez, Representante a la Cámara
Por su parte, Gabriel Becerra defendió la vigencia del Estado de derecho, insistiendo en que cualquier responsabilidad, incluso de familiares del presidente como Nicolás Petro o figuras como el ministro Benedetti, debe ser evaluada por un juez.
“Existe un Estado de derecho, por lo que un juez lo tiene que evaluar. (…) Y si hay responsables, no nos importa que sea el hijo del presidente, no nos importa que sea el ministro Benedetti, pero todavía no hay decisión judicial”
Gabriel Becerra, Representante del Pacto Histórico
Christian Garcés elevó la apuesta al demandar un juicio político inmediato contra Petro, argumentando que la Constitución exige apartarlo del cargo por estas violaciones.
“Se le debería estar haciendo al presidente un juicio político porque por violarse los topes electorales, sabiendo Petro o no, la Constitución dice que debe ser apartado del cargo”
Christian Garcés, Representante a la Cámara por el Centro Democrático
El presidente Petro, en redes sociales, rechazó categóricamente las acusaciones, destacando que tras tres años de investigación no se halló evidencia de fondos narcos en su campaña y denunciando la doble moral opositora.
“NO HAY UN SOLO PESO DEL NARCOTRAFICO EN MI CAMPAÑA. Tres años de investigación de la oposición mayoría en el CNE y no encontraron un peso. La doble moral de la oposición”
Gustavo Petro, Presidente de la República
“Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada”
Gustavo Petro, Presidente de la República
Este fallo del CNE no solo pone en jaque la legitimidad de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia, sino que podría derivar en un proceso de pérdida de investidura, con posibles ramificaciones en la Comisión de Acusaciones y el Congreso, en un momento de alta polarización política en el país.
