La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como ‘Las Marionetas 2’. La medida fue ordenada por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, de la Sala de Instrucción, quien programó la diligencia para el próximo 20 de enero de 2026 a las 9:30 de la mañana en las instalaciones del alto tribunal. Barreto enfrenta señalamientos por los delitos de cohecho propio y tráfico de influencias, en el marco de un entramado que habría involucrado el direccionamiento de contratos de obra pública.
Según la investigación, el senador oriundo de Boyacá pero elegido por Tolima habría mantenido el esquema de corrupción impulsado por el fallecido exsenador Mario Castaño, líder de la red desmantelada. Las coimas acordadas en este caso ascienden a cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos, derivados de la manipulación de contratos de obra e interventoría en entidades estatales de Tolima y Quindío entre 2020 y 2022, incluyendo recursos del Fondo de Inversión para la Paz gestionados por la Dirección de Preservación del Espacio Público (DPS).
El tercer senador en la mira de ‘Las Marionetas 2’
Barreto se convierte en el tercer senador formalmente vinculado a esta red criminal que adjudicaba contratos públicos a cambio de pagos ilícitos. Previamente, el caso salpicó a Ciro Ramírez, capturado en diciembre de 2023 y dejado en libertad en mayo de 2025, así como a otros implicados como Pierre García, exsubdirector de la DPS y actual representante a la Cámara por Tolima; Anderson González, contratista clave; y Katherine Rivera, exasesora de Ramírez. El modus operandi consistía en la intervención directa para favorecer adjudicaciones irregulares, lo que ha sacudido el panorama político en las regiones afectadas.
Esta citación representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el Congreso, donde el legado de Mario Castaño, fallecido en noviembre de 2023, sigue proyectando sombras sobre figuras conservadoras. Las autoridades esperan que la indagatoria arroje luz sobre la magnitud de la red y sus conexiones con el manejo de recursos públicos destinados a la paz.
