El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, presentó un proyecto de ley de financiamiento para revertir la modificación al gravamen del 4×1.000 aprobada en la reforma tributaria de 2022, restaurando el esquema original que exime solo la primera cuenta de cada usuario. Esta propuesta busca suspender indefinidamente la exención universal en todas las cuentas y será debatida por primera vez el próximo martes 2 de diciembre en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República en Colombia, con una vigencia plena prevista para diciembre de 2024 y aplicación hasta el 1 de enero de 2026.
La medida responde a las demoras en la implementación del sistema de interconexión entre entidades financieras, exigido por la ley para habilitar la exención universal hasta 350 unidades de valor tributario al mes, equivalentes a 17,4 millones de pesos en 2025. Este gravamen, que cobra 4 pesos por cada 1.000 pesos movilizados y fue creado en 1998, mantiene en la práctica el modelo antiguo porque cooperativas, cajas de compensación y fondos de empleados no han adaptado sus sistemas, a diferencia de los bancos asociados a Asobancaria, que sí cumplieron con los ajustes tecnológicos.
Demoras técnicas y reclamos de usuarios
Millones de usuarios esperan el beneficio de la exención universal aprobada en 2022, pero persisten cobros por encima del umbral exento durante 2024, generando reclamos generalizados. Las entidades no cumplidoras enfrentan sanciones según la normativa vigente, mientras el gobierno opta por revertir el cambio para evitar mayores confusiones. Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, explicó que “se sigue trabajando en la definición jurídica del sistema. La ley exige que haya un solo esquema y que todas las entidades que recaudan el gravamen estén conectadas”.
“Las personas pueden solicitar la devolución si el cobro fue hecho de manera indebida, incluso si los bancos no han implementado el sistema universal”.
Katherin Díaz, abogada tributarista de V&V Asociados
En la misma línea, la experta Katherin Díaz agregó que “la DIAN autorizó hacer la solicitud, aunque los sistemas no estuvieran listos, por temas relativos al tratamiento de datos financieros y personales”. Esta propuesta llega en un momento clave, antes de fin de año, para resolver el impacto en los usuarios y estabilizar el recaudo del gravamen, uno de los tributos más antiguos del sistema financiero colombiano.
