Los Comités Intergremiales de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca radicaron un oficio conjunto ante el Gobierno Nacional para advertir sobre el deterioro estructural del abastecimiento de gas natural y el fuerte impacto que enfrenta la industria y los hogares.
La comunicación plantea un escenario crítico: caída acelerada de las reservas, aumento de precios, dependencia creciente del gas importado y riesgos para la competitividad regional.
Los Comités Intergremiales de Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca radicaron hoy ante el Gobierno Nacional un documento en el que expresan su preocupación por la situación energética del país y, en particular, por el comportamiento del mercado del gas natural. El oficio destaca que esta problemática dejó de ser coyuntural y que responde a un deterioro estructural y técnico que se evidencia en las cifras oficiales.
De acuerdo con la comunicación, las regiones del centro y suroccidente del país están enfrentando impactos crecientes derivados del desabastecimiento, la volatilidad de precios y las limitaciones del sistema nacional de transporte, factores que afectan de manera directa la operación de los hogares, del aparato productivo y de los servicios esenciales.
Los gremios explicaron que la unión regional en esta solicitud es una muestra de responsabilidad colectiva. Subrayaron que los territorios no pueden enfrentar de manera aislada una crisis que compromete la competitividad industrial, el empleo, el transporte, el comercio y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Por esta razón solicitaron al Gobierno medidas inmediatas para garantizar el suministro y corregir las distorsiones que afectan a los departamentos más alejados de los puntos de producción.
El oficio señala que las reservas probadas de gas natural disminuyeron un 13% en 2024, según el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al pasar de 2.373 a 2.064 Gpc. Esto redujo la relación reservas–producción de 6,1 a 5,9 años, lo que representa un retroceso significativo en la autosuficiencia energética nacional.
Los comités indicaron que Colombia pasó de perforar 120 pozos exploratorios por año a solo 27 en 2024, una caída que consideran determinante en la pérdida de autosuficiencia registrada desde diciembre del año pasado. Esta situación obligó al país a recurrir a la importación de gas, aumentando la exposición a las variaciones internacionales y generando sobrecostos adicionales.
El documento también advierte sobre el déficit proyectado para los próximos años. Según los gremios, entre 2026 y 2029 el país deberá suplir entre 117 y 260 MPCD exclusivamente con gas importado, un volumen que incrementará los costos debido a la distancia, la capacidad limitada de transporte y las restricciones de infraestructura.
Frente al comportamiento de los precios, los intergremiales señalaron que entre 2021 y 2025 la molécula triplicó su valor, superando los 15 dólares. Este incremento afecta especialmente a las regiones del centro del país, que por sus condiciones geográficas pagan tarifas más altas en el componente de transporte.
El informe advierte que la producción nacional también muestra una tendencia descendente. En 2025 se registró una caída del 16% al pasar de 944 GBTUD a 794 GBTUD, situación que profundiza la dependencia del gas importado y aumenta la vulnerabilidad energética de las regiones.
Los gremios explicaron que los impactos ya son evidentes en los hogares y en sectores como la industria, el comercio, las clínicas, los hospitales, el transporte masivo y la generación eléctrica. En departamentos con alta vocación productiva como Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca, la situación representa riesgos críticos para la competitividad, dado que el gas natural es un insumo clave en industrias como alimentos y bebidas, cerámica, agroindustria, metalmecánica, manufactura y transporte de carga.
En el documento radicado se plantean solicitudes específicas al Gobierno Nacional. La primera es la modificación del esquema tarifario de transporte por distancia, proponiendo migrar hacia modelos de agregación de tramos o estampillas regionales que eliminen las distorsiones que afectan especialmente al centro y suroccidente del país.
También solicitaron ajustes regulatorios que permitan habilitar importaciones tanto por el Caribe como por el Pacífico, aprovechando la infraestructura existente en La Guajira, Coveñas y Buenaventura. Consideran que esta diversificación es necesaria para reducir costos y garantizar un suministro más estable.
Otra de las solicitudes clave es acelerar los proyectos de importación previstos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, en particular la Regasificadora de La Guajira. Los intergremiales insistieron en que el país debe tomar decisiones técnicas oportunas para disponer de esta infraestructura en 2027.
Asimismo, plantearon la necesidad de retomar la construcción de la Regasificadora del Pacífico, proyecto que califican como indispensable para garantizar la seguridad energética de una región que concentra más de 10 millones de habitantes. Solicitaron los ajustes regulatorios necesarios para su viabilidad y cierre financiero.
Los gremios también exhortaron al Gobierno a impulsar nuevas fuentes de oferta nacional, destacando el potencial superior a 34 TPC en yacimientos continentales y entre 70 y 100 TPC en áreas del Caribe. Señalaron que el desarrollo de estos recursos permanece detenido por falta de decisiones de política pública, por lo que consideran necesario incentivar la exploración, avanzar en proyectos offshore y habilitar procesos de licenciamiento ambiental con tiempos definidos.
El oficio enfatiza que el gas natural es un componente central para una transición energética ordenada, pues respalda hasta el 30% de la generación eléctrica en momentos de baja hidrología, reduce emisiones frente al diésel y la gasolina, y sostiene actividades esenciales para 36 millones de colombianos.
Los comités intergremiales reiteraron que la energía es un asunto de seguridad nacional y que, ante la magnitud de la crisis, las regiones no pueden seguir enfrentando solas sus efectos. Solicitaron decisiones técnicas, inmediatas y articuladas para evitar afectaciones en la productividad, el empleo, la competitividad empresarial y la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, las organizaciones expresaron su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional en la formulación de un plan integral de seguridad energética que responda al contexto actual y que se construya con rigor técnico y enfoque territorial. Según indicaron, el país no puede seguir aplazando decisiones que son determinantes para su estabilidad económica y social.
