La Superintendencia Financiera de Colombia, conocida como Superfinanciera, certificó mediante la Resolución 2134 de 2025 la tasa de usura en 25,02% efectivo anual para créditos de consumo y ordinarios, la cual regirá desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2025. Este límite, que representa un incremento de 0,03 puntos porcentuales frente al 24,99% vigente en noviembre, se basa en el análisis de la información reportada por los establecimientos de crédito entre el 31 de octubre y el 21 de noviembre, y busca establecer el tope legal máximo de intereses para prevenir el delito de usura en todo el territorio nacional.
El cálculo de esta tasa se realiza multiplicando por 1,5 el Interés Bancario Corriente (IBC), que para diciembre alcanza el 16,68% efectivo anual, un leve aumento de 2 puntos básicos respecto al mes anterior. Esta actualización mensual, prevista en el Código de Comercio y el Código Penal, protege a los consumidores de abusos en el cobro de intereses, especialmente en una temporada alta de demanda como las fiestas de fin de año, donde el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales se intensifica.
Tasas por modalidades de crédito
En el segmento de consumo de bajo monto, la tasa de usura se situó en 67,74%, con un alza de 132 puntos básicos frente a noviembre, mientras que para créditos productivos de mayor monto llegó a 40,98%, un incremento de 66 puntos básicos. Las modalidades productivas rurales registraron 27,93% con un aumento de 54 puntos básicos, y las urbanas 58,28% con 11 puntos básicos más. En el ámbito popular, los créditos productivos rurales alcanzaron 74,37% con 81 puntos básicos adicionales, y los urbanos 89,91% con un salto de 114 puntos básicos. Otras tasas relevantes incluyen productivo de mayor monto en 27,32%, rural en 18,62%, urbano en 38,85%, popular rural en 49,58% y popular urbano en 59,94%.
Esta tendencia de aumento generalizado en todas las modalidades refleja la dinámica del mercado crediticio y subraya la importancia de que los colombianos verifiquen estos límites antes de contratar financiamiento, evitando así tasas que configuren el delito de usura y contribuyendo a un consumo responsable en cierre de año.
