El gobierno del presidente Gustavo Petro vivió una semana marcada por múltiples escándalos que sacudieron sus instituciones clave, comenzando con la revelación de una presunta infiltración de disidencias de las FARC, conocidas como EMC o bloque Iván Ríos bajo el alias de Calarcá, en el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia. El general Juan Miguel Huertas y el alto funcionario del DNI Wilmar Mejía fueron señalados en esta filtración de información reservada a través de chats y correos electrónicos, que supuestamente permitió a los disidentes evadir operativos militares y facilitar sus desplazamientos. Apenas el lunes 24 de noviembre, Noticias Caracol destapó estos hechos la noche anterior, seguido el martes por la solicitud de la Fiscalía de detención preventiva contra exministros como Ricardo Bonilla de Hacienda y Luis Fernando Velasco de Interior, así como el exdirector de la UNGRD Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla, por presunta corrupción en el manejo de recursos de esa unidad, incluyendo el desvío de fondos hacia congresistas como Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, presidente del Senado, para impulsar las reformas del gobierno. El jueves, el Consejo Nacional Electoral impuso una sanción histórica a la campaña presidencial de Petro por irregularidades en la financiación de las elecciones de 2022, al ocultar gastos y superar topes por 5.300 millones de pesos, equivalentes a 1,4 millones de dólares.
Estos eventos, ocurridos en Colombia en un contexto de tensión política, revelaron cómo la infiltración en el Ejército y el DNI habría servido para eludir acciones militares contra las disidencias, mientras que en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se desviaron recursos públicos, como la compra de 40 camiones cisterna destinados a La Guajira, en intercambio por apoyo político de congresistas a las reformas impulsadas por Petro. La sanción del CNE, la primera de esta magnitud contra una campaña presidencial en la historia del país, también incluyó multas a los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana, con una recomendación para que la Fiscalía investigue a Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente y actual presidente de Ecopetrol, por discrepancias entre ingresos y gastos reportados en las dos vueltas electorales de 2022.
Infiltración y desconfianza en las Fuerzas Públicas
La revelación de chats y correos comprometedores expuso la supuesta connivencia entre altos mandos militares e inteligencia con las disidencias FARC, permitiendo maniobras que evitaron capturas y operativos clave. El presidente Petro, ante estas acusaciones, las calificó de «falsas» y expresó «desconfianza» frente a las denuncias, insistiendo en la necesidad de un examen forense de los chats y correos involucrados para verificar su autenticidad.
Corrupción en la UNGRD y solicitud de detenciones
La Fiscalía General de la Nación pidió medidas de detención preventiva contra los exfuncionarios de la UNGRD por el manejo irregular de fondos, destinados supuestamente a favorecer a legisladores aliados en el Congreso a cambio de respaldo a la agenda legislativa del gobierno, en un esquema que ha generado alarma sobre la transparencia en entidades de gestión de desastres.
«El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado»
Gustavo Petro, Presidente de la República
Sanción histórica del CNE a la campaña presidencial
El Consejo Nacional Electoral detectó irregularidades graves en la contabilidad de la campaña de Petro, superando los topes de financiación y ocultando movimientos financieros que cuestionan la legitimidad de los comicios de 2022. Petro invocó su fuero presidencial para blindarse de investigaciones directas y atribuyó los señalamientos a una estrategia de la oposición para desestabilizarlo, en momentos críticos a meses de las elecciones presidenciales de 2026 y el fin de su mandato.
Estos escándalos acumulados representan un duro golpe para la imagen del gobierno petrista, avivando debates sobre la integridad institucional y el futuro político del país en un año preelectoral cargado de incertidumbre.
