Pedro Davis Sánchez Medina, exconcejal de Chinchiná en el departamento de Caldas, fue enviado a prisión preventiva por un juez penal de control de garantías tras ser imputado por delitos de explotación sexual de menores de edad. Los hechos investigados ocurrieron entre 2023 y 2025, y su captura se llevó a cabo en el barrio Los Mártires de Bogotá, en una operación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y agencias internacionales.
La Fiscalía, a través de un fiscal de la Unidad Especial Nacional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), recopiló evidencias durante allanamientos en los que incautaron dispositivos electrónicos que contenían registros audiovisuales y fotografías comprometedores. Estas pruebas revelan que el exfuncionario habría abusado de al menos tres menores de 12, 13 y 15 años, ofreciéndoles pagos que oscilaban entre 180.000 y 500.000 pesos a cambio de material sexual explícito, el cual además fue compartido y comercializado con contactos en el extranjero.
Investigación revela red de abusos y comercialización
Las autoridades determinaron la prisión preventiva debido al alto riesgo que representa para la sociedad y las posibles víctimas, especialmente considerando la gravedad de los abusos y la posible existencia de redes más amplias. Sánchez Medina no aceptó los cargos imputados, pero las evidencias recolectadas durante la pesquisa apuntan a un patrón sistemático de inducción a actividades sexuales con los menores mientras se registraban los actos.
“En el curso de la investigación se conoció que el exfuncionario habría inducido a las víctimas para que realizaran actividades sexuales mientras les tomaba fotografías y registros audiovisuales”
Fiscalía General de la Nación
Actualmente, las autoridades mantienen medidas de protección para las víctimas identificadas y continúan profundizando en la investigación para desmantelar posibles redes de explotación que podrían extenderse más allá de las fronteras nacionales, en un esfuerzo por erradicar estos graves delitos contra la niñez y adolescencia en el país.
