En una audiencia histórica celebrada la mañana del lunes 1 de diciembre de 2025 en el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos graves a los exministros Ricardo Bonilla González, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco Chávez, del Interior, por liderar un pacto criminal en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Bonilla asistió de manera presencial, mientras que Velasco participó virtualmente ante la magistrada Aura Alexandra Rosero. Los acusados enfrentan imputaciones por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, derivados de un entramado de corrupción que involucró el direccionamiento de contratos en Invías y UNGRD a cambio de apoyo legislativo para proyectos del Gobierno como las reformas pensional y de salud, así como el endeudamiento nacional.
El caso se basa en el principio de oportunidad otorgado a la exasesora María Alejandra Benavides, quien actuó como enlace entre Hacienda y UNGRD, revelando cómo los exministros acordaron con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y parlamentarios de las comisiones primera y séptima del Senado, así como de la comisión interparlamentaria de crédito público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales. Este pacto, que operó entre mayo de 2023 y febrero de 2024, contó con la ejecución de exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla en UNGRD e Invías. Entre los congresistas implicados figuran Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, quienes habrían recibido favores a través de comisiones como la primera, tercera, cuarta y séptima del Senado, tercera y cuarta de la Cámara, e interparlamentaria de crédito público.
Cifras millonarias del direccionamiento
Las irregularidades alcanzaron montos estratosféricos: en Invías se direccionaron 74 proyectos por 561.701.463.657 pesos, mientras que en UNGRD fueron cinco proyectos por 40.536.363.430 pesos, sumando un total de 612.237.827.087 pesos en contratos manipulados. Destacan tres contratos específicos por 92.000 millones de pesos, incluyendo 89.619 millones destinados a obras en Cotorra-Córdoba, Saravena-Arauca y Carmen de Bolívar-Bolívar.
“Los exministros Velasco y Bonilla acordaron entre sí, con otros funcionarios de la Rama Ejecutiva y con ciertos parlamentarios de las comisiones primera y séptima del Senado, y de la comisión interparlamentaria de crédito público del Congreso, el direccionamiento de proyectos contractuales a cambio de su apoyo a los intereses del Gobierno en el legislativo”
María Cristina Patiño, fiscal
“Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión”
María Cristina Patiño, fiscal
Reacciones de los implicados
Durante la audiencia, Ricardo Bonilla González se declaró “inocente”, mientras que su abogado defensor, Mauricio Pava, enfatizó el giro del caso hacia lo jurídico: “Venimos con una cantidad importante de elementos. Hemos desarrollado más o menos siete u ocho audiencias. A todas esas audiencias hemos convocado a la Fiscalía y ya hoy pasamos del debate mediático tan importante que se ha dado alrededor de esto a un debate que es jurídico”. Los procesados son calificados como autores a título de dolo por concierto para delinquir agravado, lo que marca un duro golpe a la credibilidad de la gestión gubernamental pasada y abre la puerta a investigaciones más amplias en el Congreso y entidades estatales.
