La Fiscalía General de la Nación, a través de la fiscal María Cristina Patiño, solicitó este lunes 1 de diciembre de 2025 una medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, ante la magistrada Alexandra Rosero, por su presunta responsabilidad en un esquema de direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La petición se da tras la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, respaldada en 45 elementos probatorios y un informe final de investigación.
Según la Fiscalía, los exfuncionarios lideraron una organización criminal que buscaba obtener apoyos políticos en el Congreso para las reformas pensional y de salud a cambio de contratos estatales. El esquema involucró 74 proyectos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) por 571.701 millones de pesos, cinco en la Ungrd por 40.536 millones, para un total de 612.237 millones de pesos, materializados en siete convenios. La investigación se originó en testimonios clave como los de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, incluyendo un acuerdo del 13 de junio de 2023 entre López y la senadora Marta Peralta para proyectos en la Ungrd.
Acusaciones de compra de voluntades legislativas
La fiscal Patiño detalló que los exministros promovieron y encabezaron la estructura delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas en Invías y Ungrd para cumplir compromisos con congresistas, comprándolos con contratos financiados por el erario público. Los cargos se presentaron en una audiencia separada de imputación, y la Fiscalía argumenta que existe peligro para la sociedad y riesgo de obstrucción a la justicia. Tanto Bonilla como Velasco se declararon inocentes durante el proceso.
“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la Ungrd, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas bases del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”
María Cristina Patiño, fiscal del caso
Por su parte, el abogado de Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, defendió la inocencia de su representado y anunció que las defensas analizarán las pruebas presentadas. La próxima audiencia está programada para el 15 de diciembre a las 9:00 a.m., donde se escuchará a las defensas y se tomará una decisión sobre la medida de aseguramiento, en un proceso que apenas inicia su fase jurídica clave y que vincula el esquema a la obtención de mayorías legislativas para proyectos del Gobierno.
“El profesor Ricardo Bonilla ya declaró que es inocente. Oímos a la Fiscalía y es un debate jurídico muy importante, que se hayan aterrizado los hechos. Le corresponderá el turno a la defensa y él va a enfrentar este proceso con la verdad (…) Las pruebas que fueron mencionadas por la Fiscalía hoy, son razonables y tendrán su debido análisis. El 15 de diciembre, ustedes oirán a las defensas y posteriormente se tomará una decisión. Es decir, esta historia jurídicamente apenas empieza”
Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla
