La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a organizaciones nacionales como la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y la Defensoría del Pueblo condenaron enfáticamente las amenazas proferidas por las disidencias de las Farc lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá, contra periodistas de Noticias Caracol. Estas intimidaciones surgieron tras una investigación del medio que reveló presuntos vínculos entre el grupo armado y funcionarios estatales, incluyendo posibles infiltraciones en el Ejército, como el general Juan Miguel Huertas, y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con figuras como Wilmar Mejía. En un video difundido por voceros de las disidencias en varias regiones de Colombia, los periodistas fueron calificados como actores del conflicto, lo que generó llamados urgentes a garantizar su protección.
La investigación de Noticias Caracol expuso correos electrónicos, chats y comunicaciones del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMbF) que sugieren infiltraciones en instituciones estatales, lo que llevó a la suspensión de varios funcionarios por parte de la Procuraduría. Los dispositivos electrónicos incautados en 2024 están siendo analizados por la Fiscalía, que avanza en seis líneas de investigación clave: cooptación de agentes estatales, amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas políticas y el uso de empresas de vigilancia para fines ilícitos. Este contexto de presuntas conexiones ha intensificado las tensiones, con las disidencias respondiendo al reportaje mediante el video amenazante.
Condenas unánimes y llamados a la acción
Pierre Manigault, presidente de la SIP, y Martha Ramos, presidenta de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, lideraron las voces de repudio internacional, instando directamente al presidente Gustavo Petro y al Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, a condenar públicamente estas amenazas. La AMI solicitó la intervención inmediata del Alto Comisionado para la Paz, mientras que la Flip alertó sobre el riesgo máximo para los equipos de Noticias Caracol y los reporteros que cubren actividades de grupos armados en el país. Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó las declaraciones de las disidencias como absolutamente inadmisibles, subrayando el deterioro del ejercicio periodístico por restricciones impuestas por actores armados que fomentan la autocensura.
“Calificar a periodistas como actores del conflicto por cumplir con su deber profesional es una forma de intimidación que amenaza la vida de quienes informan y erosiona los principios democráticos. La violencia o la amenaza armada jamás pueden ser una respuesta a la labor periodística, que debe ejercerse libre de presiones, estigmatización y riesgos”
Pierre Manigault, presidente de la SIP
“ningún actor armado puede atribuir a un medio de comunicación la condición de enemigo o actor beligerante como represalia por la publicación de contenidos periodísticos”
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
Estas condenas resaltan la fragilidad de la libertad de prensa en Colombia, donde las amenazas de grupos armados no solo ponen en peligro vidas individuales, sino que socavan la democracia al limitar el escrutinio público de las instituciones y los actores del conflicto. Las organizaciones esperan respuestas concretas del Gobierno para blindar el trabajo periodístico y avanzar en las investigaciones judiciales pendientes.
