Representantes de organizaciones laborales y sociales en Caldas advirtieron este martes sobre los riesgos políticos, económicos y territoriales que podría enfrentar el país tras la reciente advertencia del presidente estadounidense Donald Trump.
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Los sindicatos y sectores sociales agrupados en el Comité de Unidad y Sectores en Conflicto sentaron su posición frente a la escalada de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El pronunciamiento se dio luego de que el presidente Donald Trump afirmara que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia su territorio “está sujeto a ataques”, declaración que incluyó la mención explícita a Colombia.
El Gobierno colombiano respondió con un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” y reafirmó que una agresión externa vulneraría la soberanía nacional. El presidente Gustavo Petro rechazó las afirmaciones del mandatario estadounidense y sostuvo que “atacar nuestra soberanía es declarar guerra”.
En este contexto, las organizaciones sindicales de Caldas manifestaron inquietud por los alcances que podría tener una eventual operación militar estadounidense en la región. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Caldas, Edilsa Castillo, señaló que la principal preocupación está relacionada con la soberanía del país y las implicaciones de permitir ejercicios militares extranjeros en territorio nacional.
Castillo indicó que en los últimos años se han autorizado prácticas de la Armada de Estados Unidos en suelo y espacio aéreo colombiano, situación que calificó como alarmante para las organizaciones sociales. Explicó que también generan inquietud la permanencia de bases militares norteamericanas y la utilización de la isla Gorgona para ejercicios castrenses, por tratarse de un patrimonio ambiental.
La dirigente sindical afirmó que Estados Unidos no debe convertirse, bajo el argumento del combate al narcotráfico, en un actor que determine la política interna o regional. Agregó que los conflictos pueden parecer lejanos, pero una incursión militar tendría efectos directos en territorios como los departamentos del Eje Cafetero.
Castillo recordó que Estados Unidos ha intervenido militarmente en diversos continentes y que su interés suele estar enfocado en zonas con recursos naturales estratégicos. Aseguró que una acción militar en la región tendría consecuencias políticas, económicas y sociales, además de afectar el desarrollo interno del país.
En su intervención mencionó que distintos sectores sociales trabajan actualmente en la construcción de un frente de rechazo a lo que consideran una injerencia política, militar y económica del Gobierno estadounidense. Señaló que este escenario también plantea la necesidad de revisar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que según su apreciación ha impactado negativamente la producción nacional.
Castillo añadió que cualquier intervención contra Venezuela o un país vecino afectaría a Colombia, pues conllevaría la adopción de medidas de excepción y desplazaría las discusiones internas sobre desarrollo y programas de gobierno hacia una agenda defensiva.
El director de Relaciones Laborales de la CUT Caldas, Carlos Eduardo Yepes Cardona, afirmó que la defensa de la soberanía no corresponde a un sector político en particular. Explicó que en el Comité conviven personas con posiciones diversas frente al Gobierno nacional, pero que el propósito común es la protección del territorio y de la estabilidad del país.
Yepes señaló que una posible intromisión de Estados Unidos en Venezuela tendría impactos directos en Colombia. Recordó que este país es uno de los principales socios comerciales y que un escenario de tensión afectaría exportaciones, importaciones y la actividad económica en la frontera.
El vocero sindical detalló que cualquier crisis en Venezuela repercutiría en los departamentos fronterizos y en la vida de los ciudadanos que habitan esas zonas. Subrayó que el país ya vivió un proceso migratorio masivo en años recientes, situación que exigió una amplia respuesta institucional.
Yepes advirtió que Colombia no estaría en capacidad de enfrentar un nuevo flujo migratorio de gran escala en caso de que un conflicto internacional obligara a más ciudadanos venezolanos a desplazarse hacia territorio colombiano. Afirmó que esto afectaría servicios públicos, empleo, atención social y la estabilidad regional.
Los sindicatos y organizaciones sociales insistieron en que la prioridad es preservar la soberanía nacional y evitar cualquier tipo de intervención militar externa. Afirmaron que continuarán promoviendo espacios de análisis y pedagogía para informar a la ciudadanía sobre las posibles implicaciones económicas, políticas, ambientales y humanitarias de un escalamiento del conflicto.
Los representantes del Comité de Unidad y Sectores en Conflicto concluyeron que seguirán convocando a sindicatos y movimientos sociales para consolidar una postura regional en defensa del territorio y para insistir en que cualquier tensión internacional debe resolverse por la vía diplomática y en el marco del derecho internacional.
