En Colombia se instaló recientemente la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl), un espacio tripartito conformado por representantes del Gobierno, las centrales obreras y los empresarios, con el objetivo de definir el aumento del salario mínimo para 2026. Esta mesa de concertación, liderada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ya inició debates sobre la indexación de al menos 60 a 70 bienes y servicios al salario mínimo, como arriendos, matrículas educativas, aportes a salud y pensiones, y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), lo que impactará directamente en el bolsillo de los colombianos. El Dane presentará la inflación de noviembre de 2025 el próximo 5 de diciembre, dato clave para las negociaciones.
El salario mínimo actual se ubica en 1.423.500 pesos, con un auxilio de transporte de 200.000 pesos, y el Gobierno ha propuesto un ajuste cercano al 11 por ciento, según adelantó el ministro del Interior, Armando Benedetti. En un escenario hipotético, el salario podría llegar a 1.800.000 pesos, lo que representaría un incremento del 26,45 por ciento. Según el Banco de Occidente, entre 60 y 70 bienes, servicios y tarifas están ligados al salario mínimo, mientras que la Universidad de América estima alrededor de 50 tarifas públicas indexadas. El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, enfatizó la necesidad de considerar la inflación y la productividad en estas discusiones, en un contexto donde la tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 9,25 por ciento.
Debates sobre la desindexación de precios vitales
Los debates tripartitos abordan la revisión de la indexación, impulsando una posible desindexación de algunos productos para mitigar el efecto cascada en la economía. Anualmente, el aumento salarial ajusta precios de multas de tránsito, aportes a salud y pensión, matrículas de educación, medicina prepagada, Soat y pasajes intermunicipales mediante decretos presidenciales, aunque los arriendos se ajustan al 100 por ciento del IPC anterior según la Ley 820 de 2003. El Ministerio de Hacienda presenta cada año un estudio sobre los productos indexados y su peso en el Índice de Precios al Consumidor. Particular atención recibe la indexación de la vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP), temas sensibles para la población.
“La vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario se cuantifican en salarios mínimos y consideramos que el aumento del salario no debería impactar un asunto tan vital para los colombianos”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
“no todos los aumentos basados en la variación del salario mínimo están reglamentados; algunos precios se fijan de manera espejo, siguiendo los cambios en el salario mínimo”
Germán Eduardo Rodríguez, docente de la Universidad de América
Esta comisión marca el inicio de un proceso crucial que no solo definirá el ingreso base de millones de trabajadores, sino que influirá en el costo de vida general, promoviendo un equilibrio entre recuperación salarial, control inflacionario y acceso a servicios esenciales en Colombia.
