En una audiencia celebrada el 3 de diciembre de 2025 ante el Consejo de Estado, los demandantes solicitaron la pérdida de investidura del representante a la Cámara David Ricardo Racero Mayorca, del Pacto Histórico, por presuntamente haber asignado tareas no legislativas a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un mercado fruver familiar ubicado en el barrio Villa Luz de Bogotá D.C. Mientras tanto, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, en representación del Ministerio Público, se opuso a la solicitud, argumentando la falta de pruebas suficientes sobre una desviación de dineros públicos.
La demanda, que ya había sido admitida por el Consejo de Estado, se basa en eventos ocurridos en enero de 2021, cuando Racero supuestamente dispuso que funcionarios de su UTL colaboraran en el fruver familiar, un hecho registrado por varios medios de comunicación y respaldado por conversaciones de WhatsApp. Pruebas presentadas demuestran que al menos un funcionario de la UTL realizó tareas en el negocio por petición directa del congresista, lo que configuraría una indebida destinación indirecta de recursos públicos.
Argumentos de las partes en la audiencia
Durante la jornada, uno de los demandantes enfatizó la necesidad de la sanción, al reconstruir los hechos con rigor jurídico y afirmar que la pérdida de investidura está plenamente acreditada e indispensable para este caso sancionatorio.
“Honorables magistrados, al evaluar las pruebas con el rigor, el rigor que exige este juicio y al reconstruir los hechos bajo una perspectiva jurídica coherente, se advierte con claridad que la sanción de pérdida de investidura no solo se encuentra plenamente acreditada, sino que resulta indispensable”
Uno de los demandantes
Por su parte, el delegado de la Procuraduría destacó la gravedad de la medida, que implicaría la muerte política definitiva del congresista, pero solicitó negarla al considerar que no hay prueba concluyente de la conducta reprochable y existen dudas razonables sobre la desviación de fondos.
“Estamos frente a un proceso que es sancionatorio, con una consecuencia supremamente grave en su sanción, porque es la muerte política definitiva del congresista (…). En ese sentido, resulta necesario entrar a hacer un análisis sobre el juicio de la conducta del congresista y en tal sentido, el Ministerio Público solicita que se niegue la presente solicitud de pérdida de investidura”
Delegado de la Procuraduría General de la Nación
El Consejo de Estado, en su auto de admisión, detalló que los solicitantes aducen que Racero dispuso en enero de 2021 la colaboración de su UTL en el fruver del barrio Villa Luz, un hecho captado por la prensa. Este proceso se enmarca en una indagación previa abierta por la Procuraduría el 30 de septiembre de 2024, tras denuncias sobre solicitudes de dinero a la UTL destinadas al negocio familiar, lo que podría derivar en la separación del cargo en el Congreso de la República si prospera la demanda.
“Los solicitantes aducen que el señor David Ricardo Racero Mayorca dispuso, en enero de 2021, que algunos de los funcionarios vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) le colaboraran y atendieran un mercado Fruver en la zona del barrio Villa Luz, en la ciudad de Bogotá D.C., hecho que fue registrado por varios medios de comunicación social”
Consejo de Estado, en auto de admisión
El fallo del Consejo de Estado podría marcar un precedente sobre el uso adecuado de las UTL y el manejo de recursos públicos por parte de los congresistas, en un contexto de escrutinio constante a la labor legislativa.
