En una audiencia reciente de reconocimiento de verdad celebrada en Granada, Antioquia, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Catalina Díaz, reveló que el general Juan Miguel Huertas, excapitán y oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.º 4, podría ser designado como máximo responsable de los falsos positivos en esa región. Testimonios de dos militares retirados, incluido Edwin Leonardo Toro, señalan directamente a Huertas por facilitar armas y órdenes que permitieron encubrir ejecuciones extrajudiciales, lo que ha llevado a la JEP a evaluar su inclusión en el subcaso de Antioquia.
Los comparecientes detallaron las fases de estos crímenes sistemáticos: la selección de víctimas, su ejecución, el encubrimiento mediante falsificación de documentos y la presentación de los cuerpos como bajas en combate, para finalmente enterrarlos como no identificados. Durante la audiencia, la JEP entregó cuatro cuerpos a sus familias, dos de ellos de menores de 16 años desaparecidos hace 20 años, en un gesto de reparación simbólica dentro de un contexto donde al menos 1.500 víctimas de falsos positivos se registran en Antioquia y más de 6.400 a nivel nacional entre 2002 y 2008.
Testimonios comprometen versión previa de Huertas
Esta nueva información compromete la versión voluntaria que Huertas había entregado previamente ante la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia mediante la colaboración entre comparecientes y víctimas. De los aproximadamente 600 casos esclarecidos en la región, menos de la mitad han sido resueltos, mientras que al menos 100 víctimas permanecen desaparecidas y 13 cuerpos han sido entregados en total en procesos similares. La audiencia confirmó un patrón macrocriminal que podría derivar en la reproposición de verdad por parte de la Sala, abriendo la puerta a sanciones reparadoras sin privación de la libertad.
«Debemos evaluar si procede llamarlo nuevamente y examinar la posibilidad de seleccionarlo como máximo responsable».
Catalina Díaz, magistrada de la JEP
Huertas, quien se retiró en 2021 y fue reincorporado en 2025 por orden del presidente Gustavo Petro, también ha sido señalado por vínculos con disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, facilitando información y negocios irregulares. Estos testimonios fortalecen el caso y subrayan la necesidad de profundizar en la responsabilidad de altos mandos militares en uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia.
