La Corte Constitucional de Colombia, en su Sala Plena, revocó este 4 de diciembre de 2025 la decisión del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, quien el pasado 18 de julio había rechazado más de 20 demandas presentadas contra el Decreto 639 de 2025 impulsado por el presidente Gustavo Petro. La corporación ordenó ahora un análisis público y participativo de cuatro de esas demandas, que siguen vigentes, tras resolver recursos de súplica interpuestos por los demandantes, el Ministerio de Justicia y la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre). Esta medida reabre el debate sobre la consulta popular que contenía 12 preguntas y surge en medio de dudas sobre la competencia de la Corte para revisar normas derogadas, como argumentó Carvajal en su auto de 68 páginas.
El decreto en cuestión fue expedido por Petro en junio de 2025 como respuesta al bloqueo congressional a su reforma laboral, con el fin de convocar una consulta popular, pero fue derogado tras una aprobación parcial en el Senado. Carvajal, quien asumió como magistrado el 3 de julio de 2025 tras ser elegido por el Senado en mayo, desestimó inicialmente las 24 demandas alegando que correspondía al Consejo de Estado revisarlas, en un contexto de 85 expedientes relacionados con la reforma pensional. La Sala Plena, sin embargo, excluyó al Ejecutivo de los recursos de súplica y privilegió la admisión para un debate que se desarrollará en septiembre de 2025, involucrando a la ciudadanía y al procurador Gregorio Eljach.
Antecedentes y revés para Carvajal
Esta no es la primera controversia para Carvajal, quien en su trayectoria fue abogado del propio Petro y enlace con Álvaro Uribe en 2022, y recientemente sufrió otro revés el 24 de noviembre de 2025, cuando se apartó un apartado de la reforma pensional por recusación vinculada a su rol como contratista de Colpensiones. La decisión de la Corte Constitucional subraya la complejidad del caso y reaviva el escrutinio sobre la constitucionalidad de mecanismos como la consulta popular en medio de reformas estructurales bloqueadas en el Congreso.
“Esta corporación no tiene competencia para analizar la constitucionalidad de normas derogadas”
Héctor Alfonso Carvajal Londoño, magistrado de la Corte Constitucional
“Siempre que existan dudas sobre la competencia de la Corte Constitucional para conocer una demanda de inconstitucionalidad, deberá privilegiarse la admisión, de tal forma que sea la Sala Plena quien, en sentencia y luego de haberse surtido un debate público, dirima dicha cuestión”
Corte Constitucional, auto del 4 de diciembre de 2025
Con esta resolución, la Corte no solo corrige el rechazo inicial sino que garantiza un proceso transparente que podría definir el futuro de iniciativas similares, en un momento clave para el gobierno de Petro y el equilibrio de poderes en Colombia.
