Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España han enfatizado que la confianza entre las partes involucradas y la sociedad colombiana resulta primordial para el éxito del proceso de paz con el autodenominado Estado Mayor Central o EGC, conocido comúnmente como Clan del Golfo, tras la firma de un acuerdo clave en Doha, Catar, el pasado 5 de diciembre. El pacto, negociado con la mediación de España, Catar, Noruega y Suiza, fue suscrito por representantes del Gobierno colombiano, como Álvaro Jiménez Millán, y por Luis Armando Pérez Castañeda, delegado del Estado Mayor Conjunto del EGC. Este convenio establece la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y Tierralta, en Córdoba, las cuales entrarán en operación a partir del 1 de marzo de 2026, junto con la suspensión de órdenes de captura y extradición para los miembros del EGC que se acojan al proceso, garantizando su seguridad jurídica y humana.
El acuerdo representa un avance significativo en las negociaciones con la mayor estructura criminal de Colombia, enfocado en la construcción de paz territorial, la protección de niños, la sustitución de cultivos ilícitos y la atención a la crisis migratoria. Incluye un plan piloto de sustitución de cultivos inicialmente en cinco municipios, ampliado posteriormente a diez más, abarcando lugares como Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, así como Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, además de Cáceres, El Bagre, Nechí, El Carmen de Bolívar y San Jacinto. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA se encargará del seguimiento, monitoreo y verificación, mientras que grupos de trabajo municipales preparan la logística para estas zonas y proponen nuevas ubicaciones, con observación de la Procuraduría, la Fuerza Pública y abogados.
Compromiso por la integridad del proceso
Este convenio surge tras la primera ronda de negociaciones en septiembre de 2025 en Doha, que acordó una etapa de construcción de confianza y el lanzamiento del plan piloto inicial de sustitución de cultivos, respaldado por la Resolución Presidencial 294 del 5 de septiembre de 2025, que reconoce formalmente la autodenominación del EGC. Además, contempla acciones humanitarias para miembros del EGC en penitenciarías y la Fiscalía ha informado avances en la priorización de denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
«La confianza de las partes y de la sociedad colombiana es un elemento primordial para que este proceso sea exitoso»
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España
«El compromiso de las partes es preservar la integridad de este proceso sociojurídico, impidiendo su instrumentalización con fines electorales y evitando acciones que afecten su imparcialidad»
Texto del acuerdo
Con estas medidas, el Gobierno colombiano y el EGC buscan consolidar un camino hacia la paz total, priorizando la participación social y la transparencia para evitar cualquier politización del proceso, en un contexto donde la confianza emerge como el pilar fundamental para su viabilidad a largo plazo.
