En un duro reconocimiento de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 40 exmilitares y dos civiles confesaron su participación en el asesinato y desaparición forzada de 589 personas, presentadas como falsos positivos en combate por unidades de la IV Brigada del Ejército en Antioquia entre 2002 y 2007. Entre los confesantes destacan Juan Carlos Quiroz, quien fue segundo comandante del Batallón de Artillería N.° 4 entre 2001 y 2004, y Andrés Mauricio Rosero, comandante de pelotón en ese mismo periodo, quienes detallaron el uso de la llamada «Casa Estudio», ubicada entre Granada y El Santuario, como centro de retención ilegal donde incluso se asesinó a familiares de algunos implicados.
Las audiencias públicas de la JEP revelaron un patrón sistemático de retención ilegal, simulación de combates y ejecuciones extrajudiciales en subregiones de Antioquia como Oriente, Norte, Nordeste, Valle de Aburrá, Suroeste y Occidente, involucrando a seis batallones adscritos a la IV Brigada. Las víctimas, muchas contactadas en Medellín con falsas ofertas de trabajo desde sectores marginales, eran retenidas durante cuatro o cinco días en la «Casa Estudio», donde recibían alimento, cambio de ropa y entrenamiento para simular disparos, antes de ser trasladadas a zonas rurales para montar enfrentamientos ficticios que permitieran reportar bajas en combate.
Presión por cuotas y fallas en inteligencia
Los exmilitares admitieron que estos crímenes respondían a la exigencia de cuotas de bajas impuestas por mandos superiores, con el fin de acceder a beneficios dentro del Ejército, en un contexto de falta de verificación de inteligencia y uso de guías para señalamientos falsos. Entre las confesiones más impactantes figura la de un exmilitar que reconoció el asesinato de dos familiares, incluido su propio primo, por órdenes directas de superiores. Las cifras expuestas ante la JEP son estremecedoras: 589 personas asesinadas y presentadas como guerrilleros abatidos, 228 víctimas de desaparición forzada y 41 casos de torturas.
Este proceso forma parte de los esfuerzos de la JEP por esclarecer los falsos positivos en el marco del conflicto armado colombiano, mediante audiencias públicas de reconocimiento de verdad. La segunda fase de estas diligencias está programada en Medellín del 15 al 17 de diciembre de 2025, enfocada en el periodo de 2004 a 2007, lo que promete arrojar más luz sobre la magnitud de estas violaciones a los derechos humanos en la región.
