En un duro golpe contra las redes de trata de personas, tres individuos fueron condenados por captar mujeres en Medellín con falsas promesas de empleo como meseras y trasladarlas a Atenas, Grecia, donde las sometieron a explotación sexual sistemática. Juan David Ceballos Madrid recibió una pena de seis años y siete meses de prisión no solo por trata de personas, sino también por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Sus cómplices, Paola Andrea Acevedo García y Evelin Andrea Gómez Ramírez, también fueron sentenciadas a seis años y siete meses y tres años y dos meses de prisión respectivamente, tras firmar preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación y jueces especializados de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
La investigación reveló un esquema cruel en el que las víctimas eran engañadas con ofertas de trabajo que prometían cien euros diarios, equivalentes a unos 447 mil pesos colombianos, más alojamiento incluido. Una vez en Grecia, les arrebataban los pasaportes y pertenencias, les imponían deudas ficticias entre mil trescientos y tres mil doscientos euros por supuestos gastos de transporte, alojamiento y atención médica, y las obligaban a pagarlas mediante actividades sexuales forzadas. Las mujeres enfrentaron violencia física y psicológica, aislamiento total, incomunicación con sus familias mediante amenazas directas a sus seres queridos, e incremento constante de deudas por conceptos inventados, todo bajo jornadas extenuantes para maximizar el lucro de los acusados.
Pruebas irrefutables y mensaje de la justicia
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía demostraron la captación en Medellín, el traslado internacional y el control absoluto sobre las víctimas con fines de lucro, desarticulando así una red que explotaba la vulnerabilidad de jóvenes mujeres. Las sentencias, emitidas tras los preacuerdos, buscan reconocer el daño irreparable causado a las víctimas y combatir la impunidad que rodea estos delitos, enviando un mensaje contundente a quienes se enriquecen con la trata humana.
“Las pruebas obtenidas muestran que, al llegar a Grecia, las víctimas fueron despojadas de sus pasaportes y pertenencias. Les notificaron deudas entre 1.300 y 3.200 euros, las cuales debían cancelar mediante actividades sexuales”
Fiscalía General de la Nación
“El hallazgo de las pruebas permitió establecer que los acusados engañaban a las jóvenes con trabajos que en apariencia eran legales, pero que ocultaban un esquema de explotación organizado y sistemático”
Fiscalía General de la Nación
“La justicia ha actuado para proteger los derechos de las víctimas y enviar un mensaje claro a quienes pretenden lucrarse con la trata de personas”
Fiscalía General de la Nación
Este caso subraya el compromiso de las autoridades colombianas por erradicar estas mafias transnacionales que convierten la desesperación en un negocio macabro, recordándonos la importancia de la vigilancia y la denuncia para proteger a las más vulnerables en nuestra sociedad.
