El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de una columna de opinión publicada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en el periódico La República, lanzó un reto directo a la oposición para que demuestre con argumentos serios que la nueva reforma tributaria afectaría a los sectores de menores ingresos. Este pronunciamiento se da en medio del estancamiento del proyecto de ley de financiamiento en la Comisión Cuarta del Senado, presidida por el senador Enrique Cabrales, donde el texto fue archivado tras recibir solo ocho votos a favor, en un debate marcado por denuncias de irregularidades y el abandono de la sesión por parte de algunos legisladores.
El proyecto busca recaudar 16,3 billones de pesos para financiar el Plan General de la Nación (PGN) 2026, presupuestado en 546,9 billones de pesos, y avanzar en la progresividad tributaria como herramienta contra la desigualdad, tal como lo establece la Constitución. Mientras el sector financiero acumula utilidades por 111,4 billones de pesos hasta septiembre —superando los 95,2 billones del mismo período del año anterior—, sus tasas efectivas de impuestos son del 17 por ciento, inferiores al 28 por ciento de comunicaciones, 27 por ciento de la industria y 26 por ciento de la agricultura. La oposición, liderada por figuras como Cabrales, acusa al Gobierno de irrespeto al país y de intentar imponer una reforma nefasta sin consenso, en un trámite legislativo que ellos denuncian como sabotaje.
Medidas para incrementar los ingresos
La reforma propone una serie de medidas orientadas a la progresividad fiscal, como la sobretasa a los bancos —que en 2022 generó tres billones de pesos con una tasa del tres por ciento y en 2023 otros 2,2 billones con el cinco por ciento—, impuestos a bebidas azucaradas, ultraprocesados, tabaco, licores, juegos en línea, combustibles con un impuesto al carbono de 100 dólares por galón, y servicios digitales de empresas extranjeras, además de eliminar exenciones injustificadas. Gravaría patrimonios superiores a 6.000 millones o 148.000 millones de pesos, en un contexto donde el PGN ya fue aprobado en el Senado con 49 de 75 votos y en la Cámara con 73 de 97. El Gobierno, representado por Ávila, se muestra abierto a ajustes durante el debate parlamentario, como excluir el impuesto a la cerveza o eliminar el gravamen al carbono, ante el riesgo de una crisis fiscal si no se aprueba la ley en medio de la polarización y falta de consenso en las comisiones económicas. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, ha participado en el debate sobre el sector financiero, que enfrenta críticas por su menor carga tributaria efectiva comparada con otros.
“Los opositores a la ley de financiamiento parecen preocupados por los impuestos saludables, al tabaco y a los licores. Pero no han presentado una sola argumentación seria que demuestre que dicho proyecto afectaría a los sectores de menores ingresos”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
“Otro paso para avanzar en un pacto fiscal en el que concurran ciudadanía y Gobierno para honrar el principio constitucional de progresividad en la tributación como instrumento decisivo en la lucha contra la desigualdad”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
“Una falta de respeto con el país. En la Comisión Cuarta estamos cumpliendo con el quórum y dando el debate de frente contra la nefasta reforma tributaria”
Enrique Cabrales, senador y presidente de la Comisión Cuarta del Senado
El pulso entre Ejecutivo y oposición en el Congreso de la República pone en jaque las finanzas públicas, con el recaudo de 2022 y 2023 como referencia para justificar la necesidad de estas medidas, mientras el Gobierno insiste en que la reforma no toca a los más vulnerables y busca un equilibrio para honrar compromisos presupuestales.
