Se cumple un año del brutal asesinato de Anderson David Murillo Roa, un joven psicólogo de 22 años que trabajaba para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en campañas psicosociales para prevenir el reclutamiento infantil en Guaviare. La noche del 2 de diciembre de 2024, en la vereda Caño Cumare de San José del Guaviare, un grupo armado irrumpió en una casa y abrió fuego indiscriminadamente, cobrándose la vida del profesional que se había refugiado detrás de una cortina de ducha. Los atacantes dispararon sin verificar la identidad de sus víctimas, en un hecho que permanece sin esclarecer y que deja un vacío profundo en su familia y en las comunidades donde laboraba con pasión.
Anderson, graduado en marzo de 2023, era reconocido por sus colegas como un joven apasionado por el trabajo comunitario. En esa fatídica noche, además de él, murieron tres hombres, incluido un menor de edad, y una mujer resultó herida. La familia se enteró por vecinos que relataron cómo los agresores preguntaron “Acá hay alguien, ¿qué hacemos?” y recibieron la respuesta “Mátenlo”, sellando el destino del psicólogo que estaba en plena labor de protección infantil. Antes de su muerte, Anderson ahorraba para comprar dos lotes en San José del Guaviare, con el sueño de construir una casa para sus padres y otra para su pareja y su hijo póstumo, Anderson David, quien nació tras el crimen y ha sido descrito por su abuelo como una bendición de Dios por su carácter sereno y sin pataletas.
El drama del reclutamiento forzado en medio del conflicto
El asesinato de Murillo Roa ocurre en un contexto de alta violencia por el reclutamiento infantil en Guaviare, donde hasta octubre de 2025 el Icbf atiende a 370 menores desvinculados de grupos armados a nivel nacional, posicionando al departamento en el quinto lugar con 22 casos. La Defensoría del Pueblo emitió 19 alertas en 2025 sobre reclutamiento forzado, mientras que los bombardeos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro suman 13, con al menos 15 menores fallecidos según Medicina Legal, incluyendo siete reclutados en el ataque del 10 de noviembre de 2024 en Calamar, Guaviare. La autoría del crimen contra Anderson no se ha esclarecido, aunque se señala la presencia de disidencias de las Farc bajo alias Iván Mordisco y Calarcá Córdoba en la zona. Tras el hecho, el Icbf retiró su personal de Guaviare en diciembre de 2024 y fortaleció protocolos de protección para sus funcionarios.
«En el caso de Anderson hay unas circunstancias muy particulares de enfrentamientos de grupos armados en una vereda. En muchas ocasiones nuestros funcionarios, junto con la Defensoría y las comunidades indígenas, arriesgan su vida por el rescate de niños y niñas.»
Astrid Cáceres, directora del Icbf
La familia clama justicia en medio del dolor
Luis Murillo, hermano de la víctima, recordó el momento en que una muchacha lo llamó llorando para informarle: “Es que mataron a su hermano”, un anuncio que le costó creer. Su padre, Antonio Murillo, destacó el genio hermoso de Anderson, quien nunca guardaba rencor, y evocó con ternura al nieto póstumo: “El papá tenía un genio tan hermoso, no le daba rabia. El niñito es así, no llora, no hace pataleta. Es una bendición de Dios”. Hoy, la familia exige avances en la investigación, que un año después sigue estancada, mientras el Icbf y las autoridades enfrentan el reto de proteger a quienes luchan contra el reclutamiento en zonas de alto riesgo.
