En un esfuerzo conjunto para combatir la minería ilegal que financia a grupos armados organizados, el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desmantelaron e inhabilitaron maquinaria pesada vinculada a las disidencias de alias Iván Mordisco, específicamente la Estructura 30 de Jonier Toro Arenas, y al Clan del Golfo. Estas acciones recientes se llevaron a cabo en Guapi, en el departamento del Cauca, y en Puerto Bélgica, municipio de Cáceres en Antioquia, bajo la coordinación de unidades especializadas como el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 42 y la Brigada de Infantería de Marina N.º 4 de la Armada, aplicando el Decreto 1035 de 2024 para localizar en flagrancia e inutilizar los equipos.
En Guapi, las autoridades incautaron una retroexcavadora, tres clasificadoras y cinco motores diésel que eran utilizados para la explotación ilícita de yacimientos en zonas fluviales sin permisos ambientales. De manera paralela, en Puerto Bélgica se decomisaron una excavadora, dos clasificadoras, dos motores industriales y 200 galones, equivalentes a 757 litros, de insumos químicos destinados a estas actividades ilegales. Adicionalmente, en el río Atrato, en el departamento de Chocó, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 16, apoyado por el Ejército y la Policía, destruyó 25 unidades de maquinaria que respaldaban operaciones similares de los grupos armados.
Impacto en las economías ilegales de los grupos armados
Estas operaciones forman parte de una estrategia sostenida de la Fuerza Pública para frenar la extracción ilícita de minerales y debilitar los subsistemas financieros de estructuras como las disidencias y el Clan del Golfo, afectando directamente sus flujos de recursos diarios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respalda estas iniciativas que buscan restringir el avance de economías criminales en regiones estratégicas. La maquinaria intervenida apoyaba la explotación sin control en arterias fluviales clave, y las acciones coordinadas garantizaron su inhabilitación total, previniendo daños ambientales y el lavado de activos.
Con estas intervenciones, las autoridades reafirman su compromiso de mantener una presencia permanente en las zonas afectadas, consolidando el control territorial y protegiendo a las comunidades locales de las redes de violencia asociadas a la minería ilegal.
