En la mesa tripartita de concertación salarial en Colombia, los sindicatos, representados por las centrales obreras, presentaron este martes 9 de diciembre una propuesta inicial de incremento del 16 por ciento al salario mínimo para 2026, con el objetivo de compensar el rezago salarial acumulado y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, según lo establecido por ley. La negociación, que involucra al Gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras, contó con las presentaciones del Dane sobre el índice de precios al consumidor y cifras actualizadas, así como del Ministerio de Hacienda sobre la coyuntura macroeconómica, ambas al mediodía. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participa en estas discusiones, las cuales deben avanzar hacia un posible acuerdo antes del 15 de diciembre o, a más tardar, el 30 de diciembre, fecha límite tras la cual el Ejecutivo fijaría el aumento por decreto. El nuevo salario comenzaría a pagarse desde la primera quincena de enero de 2026.
La propuesta sindical busca ir más allá de la inflación anual de noviembre, que alcanzó el 5,30 por ciento con un aumento mensual del 0,07 por ciento, exigiendo un ajuste de dos dígitos para equilibrar las pérdidas históricas. Para contextualizar, un incremento del 10 por ciento representaría un alza de 142.350 pesos en el salario mínimo, llevando el total con el auxilio de transporte a 1.785.850 pesos. Esta discusión impacta directamente en 60 o 70 tarifas indexadas al salario mínimo, incluyendo el auxilio de transporte, así como los costos para los empleadores en salud, pensiones, riesgos laborales, prima, cesantías y vacaciones.
Posturas distantes y efectos en cadena
Las posturas en la mesa permanecen distantes: mientras los sindicatos insisten en un ajuste significativo para contrarrestar el rezago, los gremios empresariales abogan por un aumento cercano a la inflación para evitar afectar la generación de empleo. La ley obliga a considerar no solo la inflación, sino también la preservación del poder adquisitivo, lo que complica el consenso. Entre los sectores más afectados se encuentran las viviendas de interés social y prioritario, cuyas cuotas podrían subir, aunque el Gobierno evalúa desindexarlas; las matrículas de educación, multas de tránsito, SOAT, pasajes intermunicipales, servicios de peluquería y cuidado de niños. Algunos bienes y servicios se ven impactados de manera indirecta, como restaurantes y peluquerías, mientras que otros no indexados al salario mínimo, como los servicios domésticos, arriendos y paquetes turísticos, se ajustan únicamente al IPC.
Esta ronda de negociaciones marca un paso clave en la definición de las condiciones laborales para el próximo año, con implicaciones amplias en la economía familiar y la competitividad empresarial, en un contexto de datos frescos del Dane y el Ministerio de Hacienda que delinean el panorama inflacionario y macroeconómico del país.
