La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) leerá este viernes 19 de diciembre en Bogotá la sentencia contra el coronel retirado del Ejército Nacional, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, en un histórico proceso adversarial por su presunta responsabilidad en falsos positivos. Se trata de la primera vez que esta jurisdicción emite un fallo condenatorio contra un alto oficial del Ejército en un caso de ejecuciones extrajudiciales, liderado por la magistrada ponente Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra y con la participación del fiscal delegado de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), Samuel Serrano.
El juicio se centra en la supuesta dirección de Mejía Gutiérrez de un aparato organizado de poder ilegal en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ubicado en Valledupar, Cesar, entre 2002 y 2005, donde habrían ocurrido 75 homicidios, 40 desapariciones forzadas y 4 casos de tortura, enmarcados en la práctica de falsos positivos para inflar resultados operacionales. Doce exmilitares del batallón, con cerca de 2.000 integrantes en total, han aceptado responsabilidad en 135 ejecuciones extrajudiciales, mientras que la Fiscalía solicitó hasta 20 años de prisión para el oficial retirado. La ponencia de la magistrada se discute en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, delimitando responsabilidades individuales sin cuestionar la legitimidad de las Fuerzas Militares o del Estado.
Acusaciones de alianza criminal y rechazo de cargos
Mejía Gutiérrez enfrenta señalamientos por una presunta alianza con el Frente Mártires del Cesar de las disidencias de las FARC para seleccionar y entregar víctimas que luego eran reportadas como bajas en combate. A diferencia de los 12 exmilitares que reconocieron su participación, el coronel retirado rechazó todos los cargos durante las audiencias previas en Valledupar. Este caso se enmarca en un contexto judicial más amplio que incluye la declaración de genocidio contra la Unión Patriótica e imputaciones a otros mandos militares, como el general retirado Iván Ramírez Quintero.
«El juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado».
Samuel Serrano, fiscal delegado de la UIA de la JEP
«Los recogían y los hacían pasar como bajas en combate. Se trató de una colaboración criminal».
Samuel Serrano, fiscal delegado de la UIA de la JEP
En su defensa, Mejía Gutiérrez expresó un profundo rechazo a las acusaciones, destacando las consecuencias personales que ha sufrido: «Perdí mi carrera. Estuve diez años preso en detención preventiva. Perdí todo lo que me es querido. Me maltrataron a mi familia, me cerraron todas las posibilidades de trabajo, me llevaron a la Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido eso, me quedan tres cosas: la verdad, mi honor de soldado de Colombia y mi dignidad de ciudadano. Y eso no es negociable. No acepto los cargos, honorables magistrados». Esta sentencia marca un precedente en la JEP al ser la primera adversaria contra un alto oficial en casos de falsos positivos, subrayando el enfoque en la verdad y la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos.
