La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia negó la recusación interpuesta por el exgobernador de Nariño, Camilo Ernesto Romero Galeano, contra el magistrado Ariel Augusto Torres, en el marco de un proceso judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de licores por 18.000 millones de pesos durante la administración departamental entre 2016 y 2019. Esta decisión, contenida en autos del 8 de julio de 2025, así como en providencias de los días 8 y 26 de septiembre, ha sido duramente cuestionada por el abogado penalista Iván Cancino, quien representa intereses en el caso.
El caso también involucra al entonces gobernador encargado, Mario Fernando Benavides Jiménez, y surgió a raíz de supuestas irregularidades en el mencionado contrato de licores. La recusación de Romero Galeano se sustentó en decisiones judiciales previas que avalaron la intervención de una defensora pública suplente, Marina Pulido, ante la ausencia del abogado titular, Miguel Ángel del Río, quien se encontraba incapacitado sin haber designado un alterno. Esto llevó a la solicitud de un defensor de oficio para garantizar la continuidad del juicio.
Continuidad del proceso pese a las críticas
La Corte Suprema determinó que no existía evidencia de parcialidad ni hostilidad por parte del magistrado Torres, permitiendo así que el juicio prosiga bajo su dirección. Cancino, quien publicó sus comentarios en su cuenta de X, ha enfatizado las implicaciones de esta resolución en el derecho de defensa, argumentando que afecta pilares fundamentales del sistema judicial colombiano.
«Gran equivocación de la Sala de Instrucción. Pone en peligro uno de los pilares del derecho de defensa como es el derecho de postulación. Estas cosas solo pasan en Colombia, esta violación de garantías es insoportable en una democracia. Lo peor es que las altas cortes sean quienes las desconocen”
Iván Cancino, abogado penalista
Esta negativa de recusación marca un nuevo capítulo en el proceso que indaga las gestiones de Romero Galeano y Benavides Jiménez durante su período en el gobierno departamental, destacando tensiones sobre la imparcialidad judicial y el manejo de la defensa técnica en casos de alto perfil en Colombia.
