La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció este 10 de diciembre de 2025, durante un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, que 54 menores han perdido la vida en bombardeos a campamentos de grupos armados y enfrentamientos con la fuerza pública en lo que va del gobierno del presidente Gustavo Petro, cifra que supera los 31 reportados oficialmente por el Estado colombiano.
Estos lamentables hechos han ocurrido en municipios como Segovia, Briceño y Zaragoza, donde bombardeos del Gobierno contra campamentos de disidencias y otros grupos armados han afectado a menores reclutados forzosamente por estas estructuras criminales. Juvinao enfatizó que al menos cinco bombardeos adicionales no han sido reportados por las autoridades, lo que podría elevar aún más la cifra de víctimas infantiles, según información proporcionada por alcaldes locales que han informado de decenas de fallecidos en estos ataques.
Alcaldes alertan sobre víctimas no contabilizadas
Los alcaldes de Segovia, Briceño y Zaragoza han elevado la voz al revelar que en estos bombardeos no reportados oficialmente murieron decenas de personas, incluyendo posiblemente más niños, mientras el Estado colombiano guarda silencio sobre las víctimas de al menos cinco operaciones aéreas. La representante Juvinao cuestionó la falta de transparencia de la fuerza pública, argumentando que esta opacidad impide conocer el verdadero alcance de la tragedia en zonas de conflicto armado.
“¡54 menores han muerto o en bombardeos o en enfrentamientos con la fuerza pública durante el gobierno de Gustavo Petro!”
Catherine Juvinao, representante a la Cámara
“Al día de hoy, es absolutamente increíble, el Estado colombiano y la fuerza pública no ha reportado víctimas de esos bombardeos. No sabemos cuánta gente se murió y no sabemos si hay niños adicionales a los 54 que fallecieron en más bombardeos”
Catherine Juvinao, representante a la Cámara
Esta denuncia se enmarca en la moción de censura contra el ministro Sánchez, destacando las tensiones por la estrategia de seguridad del Gobierno Petro, donde los bombardeos buscan desmantelar campamentos de grupos armados pero terminan cobrando vidas de menores inocentes reclutados. La controversia pone en el centro del debate público la necesidad de mayor control y reporte oficial para evitar más tragedias en regiones golpeadas por el conflicto.
