La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado al Servicio Geológico Colombiano cesar el uso de sus cuentas oficiales en redes sociales para promocionar la gestión del presidente Gustavo Petro, al considerar que esta práctica constituye un uso indebido de los recursos públicos. La decisión surge de una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia), que cuestionó publicaciones en la cuenta de X (@sgcol) que replicaban pronunciamientos del mandatario sobre temas como la Nueva EPS, la movilización en la Plaza de Bolívar y el rifirrafe mediático con Estados Unidos.
El fallo judicial, emitido en Bogotá, establece que el Servicio Geológico Colombiano orientó su publicidad oficial hacia fines ajenos a su objeto misional, desviando así recursos estatales para amplificar mensajes políticos o gubernamentales. Las publicaciones incluyeron etiquetas y piezas gráficas que promovían directamente la figura del presidente, respaldándolo incluso en controversias internacionales como el intercambio con Estados Unidos, lo que no se ajusta a las funciones legales de la entidad dedicada a estudios geológicos y riesgos naturales.
Un precedente para el uso de redes oficiales del Estado
Esta sentencia marca un precedente significativo en el control judicial sobre las comunicaciones oficiales en redes sociales, advirtiendo que ninguna entidad pública podrá desviar sus canales para fines políticos. FEDe Colombia argumentó con éxito que los contenidos analizados no guardaban relación con la misión del SGC, enfocada en la investigación geológica y no en la promoción personal de autoridades.
«orientó el ejercicio de su publicidad oficial hacia una finalidad ajena a la de su objeto misional»
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
«un uso indebido de los recursos públicos administrados por la misma entidad»
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Con esta medida, el Tribunal busca garantizar que las redes sociales de entidades estatales se limiten estrictamente a sus competencias legales, evitando su instrumentalización para agendas políticas y protegiendo el correcto uso de los dineros públicos en Colombia.
