En un controvertido incidente ocurrido en el sistema TransMilenio de Bogotá, agentes de la Policía impusieron un comparendo a un pasajero por portar un cortaúñas, clasificado como arma cortopunzante durante un control de rutina. El video del momento, difundido en TikTok por el usuario @slimelmagos.s.clan, muestra cómo los uniformados revisaron el equipaje del afectado y le aplicaron la sanción, solicitándole además que no grabara la procedimiento.
La medida se basó en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que regula el porte de armas cortopunzantes en el transporte público, con excepciones solo para trabajadores que porten herramientas específicas. Según la Ley 1801 de 2016, particularmente su artículo 146, objetos que pongan en peligro la integridad de las personas conllevan sanciones como esta multa de Tipo 2, equivalente a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, que supera los 300.000 pesos para 2025, mientras que las de Tipo 1 ascienden a cuatro y la máxima puede llegar a 32.
Indignación en redes y debate sobre la normativa
El video se volvió viral, generando un amplio debate sobre la interpretación estricta de la normativa y posibles abusos de autoridad. En las redes sociales, usuarios expresaron su frustración ante lo que perciben como exageraciones policiales, en un contexto donde el manual de usuario de TransMilenio ya prohíbe fotos en ciertos casos, paquetes grandes y venta ambulante, además de otras infracciones de Tipo 2 como evadir el pago, transportar mascotas sin normas o ingresar por sitios no autorizados. Las autoridades instan a colaborar y evitar grabar a funcionarios en situaciones de conflicto.
«Ya no saben de dónde sacar plata»
Comentario en redes sociales
«Me da miedo hasta cargar una prestobarba»
Comentario en redes sociales
«Estos héroes si son la tapa»
Comentario en redes sociales
Este caso resalta las tensiones entre la seguridad en el transporte masivo y la percepción ciudadana de rigidez en la aplicación de las leyes, con el clip de @slimelmagos.s.clan como fuente principal que avivó la indignación pública, respaldado por las normativas citadas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia y la Ley 1801 de 2016.
