La Corte Constitucional de Colombia ordenó de manera inmediata la restitución de la pensión de sustitución de asignación de retiro a Camila, una mujer con discapacidad que había visto suspendido su beneficio por la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. La decisión ampara sus derechos fundamentales, manda a restablecer el pago mensual, cancelar las mesadas pendientes desde enero de 2022 y afiliarla al Subsistema de Salud, al considerar que la suspensión fue un trato arbitrario sin acto administrativo previo, notificación adecuada ni valoración de las pruebas médicas presentadas.
Camila recibía esta prestación como hija con discapacidad de un policía fallecido en 2017, quien era su principal sustento económico. La suspensión ocurrió en enero de 2022, pese a calificaciones médicas que inicialmente determinaron una pérdida de capacidad laboral del 75,1 por ciento, ajustada al 21,6 por ciento en julio de 2022 y elevada al 55 por ciento por la Junta Regional de Calificación de Invalidez en 2023. La Corte evidenció omisiones graves, como la falta de participación de la afectada y la no consideración de dictámenes médicos que confirmaban su esquizofrenia paranoide, documentada en registros psiquiátricos, durante la revocatoria del beneficio.
Protección de derechos fundamentales y protocolos futuros
La tutela interpuesta resalta vulneraciones a los derechos a la vida digna, la salud, la seguridad social, el debido proceso y el mínimo vital. La Corte criticó la revisión periódica del beneficio por no incluir soportes psiquiátricos ni el dictamen de la Junta Regional de 2023, lo que derivó en una decisión divulgada por la Revista Semana. Este fallo no solo corrige las irregularidades cometidas en Colombia, sino que exige a las autoridades establecer protocolos futuros que garanticen la participación de los beneficiarios en cualquier proceso de revisión.
Con esta orden, se busca asegurar la continuidad de la prestación económica esencial para Camila, reafirmando el compromiso judicial con la protección de los más vulnerables ante acciones administrativas injustificadas de entidades como la Policía Nacional.
