La Corte Constitucional de Colombia avaló recientemente una normativa que obliga a las centrales de riesgo Datacrédito y TransUnion, así como a las entidades financieras, a eliminar de manera expedita los reportes negativos en el historial crediticio derivados de casos de suplantación de identidad o falsedad personal. Esta decisión responde al incremento de fraudes digitales que han afectado a miles de ciudadanos, excluyéndolos del sistema financiero al impactar su comportamiento de pago reportado por estas centrales, las cuales administran información clave para el acceso a créditos y contratos.
El proceso para las víctimas inicia con una denuncia ante la Fiscalía, seguida de la notificación a la entidad financiera involucrada, acompañada de los documentos probatorios. Las entidades cuentan con un plazo máximo de diez días hábiles para solicitar a las centrales de riesgo la eliminación de los registros negativos, reemplazándolos por una anotación clara que indica “Víctima de Falsedad Personal”. Esta medida no solo corrige los impactos en el historial crediticio, sino que también obliga a las entidades a suspender cualquier cobro relacionado y a restablecer la integridad del perfil financiero del afectado.
Respuesta al auge de delitos informáticos
La normativa surge como una respuesta impulsada por el Gobierno y el Congreso ante el notable aumento de suplantaciones de identidad y fraudes digitales en el país, protegiendo así a los ciudadanos de las consecuencias injustas en su puntaje crediticio. La anotación de “Víctima de Falsedad Personal” no se interpreta como un incumplimiento ni afecta el puntaje crediticio, permitiendo a las personas recuperar su acceso al sistema financiero sin estigmas adicionales. Esta avalada por la Corte Constitucional representa un avance significativo para miles de colombianos que han sido víctimas de estos delitos, facilitando su reinserción económica plena.
