La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia se encuentra en un punto crítico, con posturas irreconciliables entre las centrales obreras como la CUT, que exigen al menos un incremento del 12 por ciento para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, y los gremios económicos, que proponen alrededor del 7 por ciento para evitar presiones inflacionarias. Este debate se desarrolla en la mesa de concertación salarial, presidida por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y con la intervención eventual del presidente Gustavo Petro, ante la probable falta de acuerdo antes del próximo 15 de diciembre, fecha del primer plazo legal que activaría un protocolo hacia un decreto presidencial.
El proceso, que se lleva a cabo en la mesa de concertación en Colombia, contempla un cronograma estricto: si no hay consenso el 15 de diciembre, las partes podrán presentar salvedades escritas entre el 16 y el 18, seguido de un análisis técnico el 18, y sesiones extraordinarias del 19 al 29 de diciembre, con el decreto presidencial como máximo hasta el 30. Estas diferencias abismales reflejan las prioridades opuestas, donde los sindicatos buscan resguardar el bienestar laboral y los empresarios priorizan la estabilidad macroeconómica.
Historial de tensiones y búsqueda de equilibrio
Este escenario de desacuerdo no es nuevo, ya que en los últimos tres años la negociación anual del salario mínimo ha terminado sin consenso, resuelta mediante decreto presidencial que considera salvedades de las partes, proyecciones económicas, inflación y datos laborales. A pocos días del 15 de diciembre, las tensiones se han intensificado, reforzando la posibilidad de repetir el patrón, mientras el gobierno de Petro insiste en buscar un punto de equilibrio durante las sesiones, que incluyen la revisión de proyecciones técnicas por representantes de todos los sectores.
Para las centrales obreras, la ausencia de concertación representaría una derrota para el diálogo social, mientras que los empresarios lo ven como una confirmación de la insostenibilidad fiscal en el contexto actual. Así, la mesa de concertación se perfila como el último bastión antes de que el Ejecutivo asuma la decisión final, en un proceso que subraya las profundas divisiones en la economía colombiana.
