El concejal de Bogotá Andrés Barrios denunció graves irregularidades en el manejo de recursos del programa Jóvenes en Paz, impulsado por el Gobierno Petro, destacando la falta de mecanismos de verificación, trazabilidad de beneficiarios y una alta tasa de deserción. Esta revelación surge tras interponer una acción de tutela contra el Ministerio de Igualdad y Equidad, que no respondió en términos legales un derecho de petición presentado por el cabildante. El programa, dirigido a jóvenes entre 14 y 28 años en situación de vulnerabilidad para prevenir su vinculación a grupos armados e ilícitos mediante subsidios mensuales, compromisos, formación, educación, inserción laboral y seguimiento, ha entregado más de 344.000 millones de pesos, según los datos expuestos en la denuncia hecha pública en Bogotá, aunque el alcance es nacional y la deserción reportada ocurrió en 2024.
Entre las cifras más alarmantes figuran los 1.660 jóvenes que abandonaron el programa solo en 2024, así como la entrega de transferencias a más de 7.000 menores de edad, totalizando 50.148 movimientos financieros. Barrios cuestiona la ausencia de controles para verificar si los beneficiarios, quienes deben comprometerse a dejar actividades ilegales y participar en procesos formativos con acompañamiento psicosocial, capacitaciones en habilidades para la vida y acceso a educación formal, están realmente alejados de conductas delictivas. El Ministerio reporta no poder determinar si los abandonos fueron voluntarios, lo que agrava las dudas sobre la ejecución de estos recursos públicos de gran escala.
Falta de impacto y controles en un programa millonario
Para ilustrar la magnitud del problema, el concejal compara los 344.000 millones invertidos con el costo de construcción de un bloque de aulas en la Universidad del Valle por 22.800 millones, que beneficia a 4.000 estudiantes; con esa suma, se podrían financiar hasta 17 proyectos similares para 68.000 jóvenes. Barrios exige una revisión completa del modelo, argumentando que no hay evidencia de reducción de delitos, prevención de reincidencia o mejora en la vida de los beneficiarios, pese a que el incumplimiento reiterado conlleva la suspensión del apoyo financiero.
“El Programa Jóvenes en Paz ha entregado una cifra alarmante de más de 344.000 millones, pese a no contar con mecanismos que permitan verificar si los jóvenes están involucrados en actividades delictivas. Son recursos públicos de gran escala ejecutados sin controles, sin mediciones de impacto y sin claridad sobre por qué más de 1.600 jóvenes abandonaron el programa en 2024”
Andrés Barrios, concejal de Bogotá
Esta polémica resurgió con la tutela, y el concejal insta al Gobierno a demostrar el impacto real del programa para evitar problemas al próximo mandatario, subrayando que opera prácticamente a ciegas con cifras millonarias sin evaluar riesgos ni medir resultados.
“Es alarmante que Jóvenes en Paz maneje cifras millonarias sin evaluar riesgos ni medir resultados. No hay evidencia de que realmente reduzca delitos, prevenga reincidencia o mejore la vida de sus beneficiarios, lo que exige intervención inmediata y una revisión completa del modelo. Estamos hablando de una iniciativa que mueve cientos de miles de millones mientras opera prácticamente a ciegas”
Andrés Barrios, concejal de Bogotá
La denuncia pone en el centro del debate la viabilidad de iniciativas sociales de alto costo sin rigurosos sistemas de seguimiento, demandando transparencia en el uso de fondos públicos destinados a la prevención de la violencia juvenil.
