En una operación conjunta liderada por la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos, la Registraduría Nacional y Migración Colombia, se desarticuló una red criminal dedicada a la gestión y entrega de cédulas, registros civiles y pasaportes falsos a migrantes dominicanos. Las capturas de tres personas clave se produjeron en operativos simultáneos en Medellín y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba: Natalia Patricia Galeano, conocida como alias La Madrina; Marco Aurelio Monterrosa, alias Yeyo; y Andrés Felipe Saltarín, funcionario de la Registraduría.
La investigación, que duró más de seis meses, reveló que esta estructura ilegal traficaba migrantes mediante documentación colombiana falsificada, confrontando dactiloscópicamente 27 documentos para validar su autenticidad fraudulenta. Los delincuentes captaban a los dominicanos con promesas de traslados a Europa y Estados Unidos a través de rutas alternas como Ecuador, Perú y Brasil, evitando así los controles migratorios tradicionales, y cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares por cada trámite. Natalia Patricia Galeano se encargaba de recibir el dinero, Marco Aurelio Monterrosa gestionaba los documentos y se hacía pasar por empleador de los migrantes, mientras que Andrés Felipe Saltarín tramitaba las cédulas de manera irregular.
Impulsados por la ruta del tapón del Darién
Este desmantelamiento expone el auge de estructuras ilegales alimentadas por la popularidad del tapón del Darién como principal ruta entre Colombia y Panamá. Los migrantes con documentos falsos lograron viajar a Estados Unidos, Francia y España, aunque todos los documentos han sido cancelados. Los capturados fueron imputados por tráfico de migrantes, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, con dos de ellos aceptando cargos ante un juez de control de garantías que legalizó las capturas.
«Para cumplir con lo encomendado utilizaban rutas alternas como Ecuador, Perú y Brasil para evitar controles migratorios, por lo que cobraban entre 3.000 y 5.000 dólares por cada trámite fraudulento».
Mayor Ruby Stella Ruiz, jefe del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín
La mayor Ruby Stella Ruiz, jefe del Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia de la Dijín, destacó que «la operación fortalece la lucha bilateral contra el fraude en visados y documentos de viaje, el tráfico ilícito de migrantes, la usurpación de identidades y la afectación directa a la seguridad hemisférica». Este caso subraya la infiltración de funcionarios públicos en redes criminales transnacionales y refuerza los esfuerzos institucionales por blindar la identidad colombiana frente a estas amenazas.
