Organizaciones sociales de la región del Catatumbo, en Norte de Santander, manifestaron su rechazo al anuncio realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien tras un Consejo de Seguridad en el departamento advirtió sobre posibles bombardeos aéreos condicionales contra los reclutadores de menores en grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc. La medida surge en respuesta al incremento del 63 por ciento en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en la zona, donde el conflicto entre estas estructuras ha durado once meses y ha dejado centenares de civiles asesinados.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, en el Catatumbo se registran 11.000 menores desplazados, 291.000 en riesgo y más de 86.000 personas afectadas por el desplazamiento forzado debido al conflicto. En lo que va del año, las fuerzas militares han neutralizado a 361 integrantes de estos grupos criminales, incluyendo 236 de la estructura 33 y 125 del ELN, en medio de una escalada de violencia que pone en jaque a la población civil vulnerable.
Preocupación por el impacto en la niñez y exigencia de planes humanitarios
La representante de Tejedoras de Paz, Diana Vargas, expresó la alarma de las organizaciones sociales ante esta situación, destacando los riesgos para mujeres, niños, niñas, adolescentes y víctimas en general. Las entidades civiles demandan que, antes de cualquier operación aérea, el Gobierno Nacional implemente un plan de emergencia, atención a la comunidad y evacuación, para evitar que la población quede atrapada en fuego cruzado y sea utilizada como escudos humanos en una violencia que no eligieron.
“Realmente como organización social y sobre todo organización en protección y en defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo de la población víctima en general, realmente vemos preocupante y alarmante esta situación”.
Diana Vargas, representante de Tejedoras de Paz
“Antes de tomar esta decisión, de bombardear zonas en el Catatumbo, el Gobierno Nacional debe tener un plan de emergencia y de atención a la comunidad precisamente y de evacuación, porque basta ya que quedé la comunidad en la mitad de un fuego cruzado que, realmente, la sociedad civil no ha querido, no debe o no quiere participar en esta violencia, pero que obligatoriamente los colocan ahí, como escudos de guerra para participar en la violencia”.
Diana Vargas, representante de Tejedoras de Paz
Respuesta firme del Gobierno y legalidad de las operaciones
Por su parte, el ministro Pedro Sánchez defendió la medida como una capacidad legal y legítima del Estado para proteger al pueblo colombiano, responsabilizando directamente a quienes reclutan menores por la suerte de estos combatientes infantiles. Subrayó que no dudarán en emplear todo el poder de la fuerza legítima, incluyendo bombardeos, siempre cumpliendo las normas establecidas, en un contexto donde la ausencia de medidas de protección previas genera profunda inquietud entre las comunidades.
“Quien recluta a los menores es el responsable por la suerte de los menores combatientes. No dudaremos en actuar y emplear esta capacidad para proteger al pueblo colombiano”.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
“Si es del caso emplearemos operaciones aplicando todo el poder de la fuerza legítima del Estado, como los bombardeos. Eso es una capacidad legal, es una fuerza legítima, existen normas para ello y nosotros la cumplimos cabalmente”.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La oposición de las organizaciones subraya la necesidad urgente de priorizar la atención humanitaria en el Catatumbo, donde la escalada del conflicto armado amenaza con agravar la crisis humanitaria, mientras el Gobierno insiste en la condicionalidad y legalidad de sus acciones para combatir el reclutamiento forzado de menores.
