La Procuraduría General de la Nación exigió este sábado 13 de diciembre a gobernadores, alcaldes y personerías municipales activar de manera inmediata los planes de contingencia ante el paro armado nacional de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se iniciará el domingo 14 de diciembre a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta el martes 17 de diciembre a la misma hora. Esta medida busca prevenir confinamientos forzados, desplazamientos masivos y afectaciones humanitarias en todo el territorio nacional, con mayor riesgo en regiones como Catatumbo, Caquetá y Putumayo, donde se desplegará la Fuerza Pública para contrarrestar el anuncio guerrillero.
El paro armado del ELN surge como protesta contra las amenazas de intervención de Estados Unidos y lo que denominan el «plan neocolonial de Trump», instando a la población a no movilizarse por carreteras ni ríos, aunque aseguran respeto a los civiles. En este contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la acción como un «constreñimiento criminal», mientras que el presidente Gustavo Petro rechazó que «se protesta contra nadie matando campesinos y quitándoles la libertad». Previamente, la Defensoría del Pueblo había activado alertas tempranas el 10 de diciembre, y las disidencias de las Farc, bajo el frente Carolina Ramírez de las EMC, anunciaron un paro similar en Caquetá y Putumayo desde el 9 hasta el 30 de diciembre.
Riesgos para la población vulnerable y respuesta institucional
Las autoridades destacan el riesgo inminente para niños, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas, ante posibles operaciones estatales de alto impacto o bombardeos en respuesta al paro. Los municipios actúan como primeros respondientes, con obligación de escalar a nivel departamental o nacional, involucrando a la Unidad para las Víctimas si superan su capacidad, y coordinando en Caquetá a través de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.
“Es fundamental que las autoridades activen de manera inmediata los mecanismos institucionales previstos para la atención integral de la población afectada”
Procuraduría General de la Nación
Esta exigencia de la Procuraduría subraya la necesidad de una atención integral para mitigar el impacto humanitario del paro armado, en un país que aún lidia con las secuelas de conflictos armados y donde la protección de la población civil es prioridad ante las dinámicas de grupos insurgentes.
