El gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, conocido como alias Araña y líder de los Comandos de Frontera, para permitir su participación activa en los diálogos de paz bajo la política de Paz Total. Esta decisión, tomada mediante una resolución gubernamental conforme a la Ley 2272 de 2022, frena la entrega del narcotraficante a la Corte Distrital del Distrito Sur de California, donde enfrenta cargos por narcotráfico, mientras Rojas contribuya al proceso de paz en Colombia, tras su traslado inicial por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Alias Araña había sido arrestado por orden de extradición solicitada por Estados Unidos, con el respaldo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por delitos como concierto para distribuir cocaína y actividades de narcoterrorismo. La resolución establece que la extradición se efectivizará solo si interrumpe su contribución al proceso de paz, generando fuertes críticas por supuestamente obstaculizar la justicia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.
Alerta del exfiscal Barbosa por obstrucción a la justicia
Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación, cuestionó duramente la medida en una publicación en su cuenta de X, señalando que representa una evidente obstrucción a la justicia norteamericana. Destacó el esfuerzo monumental de las autoridades colombianas para capturar a delincuentes como Rojas, solo para que una decisión gubernamental los libere y proteja bajo la estrategia de Paz Total, calificada por él como un beneficio criminal.
“Acá queda de una evidencia de una posible obstrucción a la justicia norteamericana en la lucha contra el narcotráfico de Gustavo Petro al suspender la extradición del narco VIP por la estrategia de beneficio criminal de su gobierno llamada la ‘paz total’”
Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación
“Fue enorme el esfuerzo de la justicia para capturar a esos delincuentes para que de un plumazo queden en las calles y protegidos”
Francisco Barbosa, exfiscal General de la Nación
Esta suspensión reaviva el debate sobre los límites de la política de Paz Total, con detractores argumentando que prioriza los diálogos por encima de la cooperación internacional en materia de narcotráfico, mientras el gobierno busca garantizar la continuidad de las conversaciones de paz en un contexto de creciente tensión judicial y política.
