Delincuentes en Colombia, como Andrés Felipe Flórez, conocido como “Chinga Pipe”, “El profe Álex”, Jhon Freddy Pabón alias “Toño”, Heller Ramiro Cambar y el grupo Los Herederos, han obtenido certificaciones falsas de pertenencia a resguardos indígenas para evadir la justicia ordinaria y acceder a la jurisdicción especial indígena. Estos criminales buscan traslados a resguardos, detención domiciliaria o incluso evitar extradiciones mediante certificados emitidos por cabildos o autoproclamándose como resguardos, como el caso del “Gran Jardín de la Sierra” creado por Los Herederos. Los hechos se han registrado en regiones como el Valle del Cauca, en Florida y Cali; el Cauca, en Miranda y Santander de Quilichao; La Guajira y Antioquia. La captura de “Chinga Pipe” ocurrió en agosto de 2025 en Florida, Valle del Cauca, pese a su condena y portando un certificado falso de resguardo, mientras que “El profe Álex” fue detenido en enero de 2024 y trasladado a un centro de armonización en Santander de Quilichao tras obtener un documento similar.
Este mecanismo explota vacíos legales derivados de la Constitución de 1991, que reconoce la jurisdicción indígena siempre que no contradiga las leyes nacionales. La sentencia T-921 de 2013 de la Corte Constitucional estableció límites a esta jurisdicción, y en casos concretos, la Corte Suprema de Justicia calificó la solicitud de alias “Toño” como un “camuflaje” para evadir la justicia. De igual manera, líderes wayúu rechazaron el caso de Heller Ramiro Cambar, lo que permitió su extradición a Estados Unidos. Los Herederos, por su parte, han vendido títulos de pertenencia a bosques protegidos por hasta 15 millones de pesos, autoproclamándose un resguardo indígena.
El auge de resguardos y el negocio de la impunidad
Las cifras revelan un incremento notable en el número de resguardos indígenas reconocidos: 846 en 2023, 872 en 2024 y 934 en 2025, lo que facilita la proliferación de estos certificados falsos. Expertos advierten sobre los riesgos de este fenómeno, que permite a criminales como los mencionados burlar procesos penales ordinarios.
“El problema es conseguir la autoridad que otorgue el certificado y ahí es donde puede aparecer el negocio”
Jorge Luis Yarce, docente y politólogo
En el caso de Cambar, pese a sus intentos, los líderes indígenas wayúu se pronunciaron en contra, y la Corte Suprema autorizó su extradición. Estos episodios subrayan la tensión entre el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena y la necesidad de prevenir abusos que socaven el Estado de derecho.
“La cosmovisión no puede suponer una afrenta a los derechos humanos y violar niños es una afrenta a los derechos humanos. La Justicia ordinaria tiene que perder el miedo a judicializar esos eventos”
Francisco Bernate, abogado penalista
Este escándalo pone en evidencia la urgencia de cerrar brechas legales para evitar que la protección de derechos indígenas se convierta en un escudo para la delincuencia, mientras las autoridades continúan desmantelando estas redes fraudulentas en todo el país.
