En una audiencia celebrada este lunes 15 de diciembre a partir de las 8 de la mañana ante la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación se distanció de la posición de la Fiscalía General y recomendó no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro y exdiputado del Atlántico. El procurador delegado Henry Bustos emitió un concepto en el que cuestionó la solidez de las pruebas presentadas por la fiscal Lucy Laborde, relacionadas con presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación, derivados de fondos irregulares por 111 millones de pesos provenientes de dos convenios de la Gobernación del Atlántico en 2021 y 2022.
La intervención de la Procuraduría se centró en el análisis de las pruebas sobre estos contratos, evaluando la participación de Nicolás Petro a través de su expareja Day Vásquez, quien figura como testigo clave y con mayor incidencia en el delito de tráfico de influencias según los argumentos de la Fiscalía. Mientras la fiscalía solicitó prisión preventiva alegando riesgos de fuga, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas, el Ministerio Público consideró insuficientes los elementos para justificar tales temores, instando a revisar con detalle los argumentos sobre peculado por apropiación y cuestionando las similitudes con otra investigación en curso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Cuestionamientos al riesgo de fuga y obstrucción
Durante la audiencia, Henry Bustos enfatizó la falta de fundamentos serios para medidas restrictivas, destacando que la libertad de Nicolás Petro no representa un peligro para la comunidad ni facilita la reiteración delictiva, obstrucción o evasión del proceso. La Procuraduría reconoció elementos que sugieren una probable participación de Petro en los dineros señalados, pero puso en duda su rol directo en el tráfico de influencias frente a los servidores públicos de la Gobernación del Atlántico, donde se alega una adjudicación irregular de contratos con la intervención de Day Vásquez.
“El Ministerio Público considera que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros que la Fiscalía ha señalado en 111 millones de pesos, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022”
Henry Bustos, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación
“¿Cuál es la participación de Nicolás Petro en el tráfico de influencias, es decir, en ostentar esa condición que dice la señora fiscal que tenía frente a los servidores públicos encargados de realizar la operación administrativa de contratación?”
Henry Bustos, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación
El caso se enmarca en un proceso por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico, donde Nicolás Petro habría sido beneficiado indirectamente. La decisión final sobre la medida de aseguramiento queda en manos del juez, en un contexto de tensión entre los órganos de control que podría influir en el desarrollo de las investigaciones paralelas contra el hijo del mandatario.
“No encuentro fundamentos serios para determinar que va a entorpecer el proceso (…) No hay fundamentos para determinar fuga o evasión”
Henry Bustos, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación
“Desde la perspectiva del Ministerio Público, por supuesto que la decisión que correspondería y que le solicito a usted que tome, es que no se imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Nicolás Fernando Petro, porque su libertad no representa ni un peligro para la comunidad en la modalidad de posibilidad de reiteración delictiva, no se observa tampoco que con la misma pueda obstruir la acción de la justicia, y mucho menos que pueda evadirse del proceso y del eventual cumplimiento de una pena en caso de ser considerado”
Henry Bustos, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación
Esta postura de la Procuraduría marca un giro en el debate judicial sobre los cuatro delitos imputados, dejando en evidencia las discrepancias entre la Fiscalía y el Ministerio Público en la valoración de pruebas y riesgos procesales.
