Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, prófugo de la justicia colombiana por presuntos casos de corrupción en la Ungrd, fue captado participando en una fiesta vallenata organizada por la Cancillería de Colombia en Managua, Nicaragua. El evento se realizó el 11 de diciembre de 2025 a las 7:00 de la noche en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, donde González fue visto bailando entre los asistentes, en una grabación difundida por W Radio que desató una ola de críticas.
La presencia del fugitivo, uno de los más buscados por las autoridades colombianas a la espera de su extradición para enfrentar procesos judiciales por malos manejos en la Ungrd, generó controversia inmediata al tratarse de un acto oficial promovido y financiado por la Cancillería con recursos de los impuestos de los colombianos. González apareció en compañía de otros invitados, lo que avivó el debate público sobre la indolencia del Gobierno frente a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro.
Críticas de figuras de la oposición
La periodista Vicky Dávila y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fueron dos de las voces más contundentes en condenar el hecho, cuestionando la impunidad aparente y el uso de fondos públicos en eventos que permiten la participación de prófugos.
“Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana. Se burla feliz de parranda en Nicaragua. Este Gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón, tiene todos los secretos de Petro que difícilmente resistiría este Gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”
Vicky Dávila, periodista
“el prófugo amigo de Petro, Carlos Ramón González en Nicaragua bailando en un evento promovido por la Cancillería y pagado con los impuestos de los colombianos”
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático
El escándalo subraya la prioridad de las autoridades colombianas por el regreso de González para que rinda cuentas por las irregularidades en la Ungrd, mientras la reacción pública exige explicaciones sobre cómo un evento diplomático oficial pudo incluir a alguien con orden de captura, intensificando el debate sobre la gestión de la Cancillería y la lucha contra la corrupción.
