El lunes 15 de diciembre de 2025, los representantes de trabajadores y empresarios no lograron llegar a un consenso en la mesa de concertación tripartita para definir el salario mínimo de 2026 en Colombia, dejando abierta la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro lo fije mediante decreto antes del límite constitucional del 30 de diciembre. Esta situación refleja la falta de acuerdo entre las partes involucradas, un escenario que podría impactar directamente a millones de trabajadores al determinar no solo su salario base, sino también la prima de servicios.
La mesa de concertación, establecida por la Ley 278 de 1996, busca consensos entre gobierno, sindicatos y gremios empresariales, pero la ausencia de entendimiento este año repite un patrón histórico en el país. Desde la promulgación de esa norma hace casi tres décadas, se han presentado 29 oportunidades para negociar el salario mínimo, de las cuales solo se alcanzaron acuerdos en 10 casos, mientras que en 18 ocasiones el Ejecutivo ha recurrido al decreto presidencial para su fijación.
Una larga historia de decretos presidenciales
Los decretos han marcado varios periodos presidenciales: durante el gobierno de Álvaro Uribe se emitieron en 2005, 2007, 2008 y 2009; bajo Juan Manuel Santos en 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 y 2017; con Iván Duque en 2020 y 2021; y ya en la administración de Gustavo Petro en 2024, con la posibilidad de que 2025 sea el segundo caso en su mandato. Esta recurrencia subraya las dificultades crónicas para lograr consensos en un tema tan sensible para la economía nacional.
El contexto en el gobierno actual
En el gobierno de Gustavo Petro, los años iniciales vieron acuerdos exitosos en 2022 y 2023, pero el fracaso de este lunes podría confirmar una segunda fijación por decreto en su periodo, sumándose al de 2024. Esta dinámica no solo tensiona las relaciones entre las centrales obreras y los empresarios, sino que también genera incertidumbre sobre el monto final del salario mínimo, un referente clave para la canasta básica y el poder adquisitivo de los hogares colombianos.
Con el plazo aproximándose, todas las miradas se centran en el Ministerio de Trabajo y la Presidencia, mientras los trabajadores esperan una resolución que equilibre inflación, productividad y equidad social en un año marcado por desafíos económicos persistentes.
