El Consejo de Estado de Colombia falló a favor del empresario Joseba Grajales, propietario de la EPS Sanitas y del Grupo Keralty, en una acción de tutela interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, ordenando al mandatario rectificar públicamente las declaraciones que realizó el 25 de julio de 2025 durante una alocución presidencial transmitida por televisión nacional. El alto tribunal consideró que esas expresiones excedieron los límites del discurso político al imputar delitos graves como robo y crimen sin respaldo en fallo judicial alguno, vulnerando de esta manera derechos fundamentales de Grajales.
La decisión judicial ampara el buen nombre, la honra, la igualdad, la libertad de circulación y la presunción de inocencia del empresario, en un contexto marcado por la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y las tensiones entre el Gobierno nacional y el sector salud derivadas de reformas e intervenciones a varias entidades promotoras de salud. El Consejo de Estado modificó la sentencia de primera instancia y exigió que la rectificación tenga una difusión equivalente a la de las declaraciones originales, destacando un precedente sobre los límites del discurso presidencial entre crítica política legítima y imputaciones penales indebidas. Además, resaltó que bajo la gestión de Sanitas y otras EPS se logró reducir la deuda total en 707 mil millones de pesos, contradiciendo las afirmaciones presidenciales sobre presunto robo.
Las declaraciones que desataron la controversia
Durante su intervención televisada, el presidente Petro cuestionó directamente la actuación de Sanitas y su propietario, en medio de un debate más amplio sobre la intervención de las EPS. El fallo subraya cómo estas afirmaciones no solo afectaron la imagen de Grajales, sino que también generaron un impacto en el sector salud colombiano, donde persisten desacuerdos profundos entre el Ejecutivo y los actores privados.
“Entonces nos quitaron ahí Sanitas y resulta que nosotros disminuimos la deuda porque el robo es inmenso, pero la disminuimos, o sea la intervención fue favorable y si sumó todas nosotros hemos disminuido en 707 mil millones de pesos la deuda total que estas EPS tenían”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Y se robaron la plata que nosotros mismos dimos. Crimen, crimen porque mata colombianos y niños en masa en Colombia, es un crimen de lesa humanidad”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que reciba ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este pronunciamiento del Consejo de Estado refuerza los controles sobre el uso del poder presidencial en el ámbito público y podría influir en futuras discusiones sobre la reforma al sistema de salud, donde las intervenciones a EPS como Sanitas siguen siendo un punto de fricción entre el Gobierno y los empresarios del sector.
