La JEP ordena reparaciones y revisión de méritos en caso Mejía Gutiérrez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptó una resolución dirigida a reparar a las víctimas vinculadas a actos atribuidos al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez. La medida contempla la organización de un acto público en Valledupar y la emisión de una petición formal de perdón por parte de las Fuerzas Militares.
La organización del evento corre a cargo de las entidades de Defensa y de la cúpula militar, con participación de víctimas indirectas y la presencia obligatoria de altos mandos: el ministro de Defensa, el mando del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa N.° 2. Este procedimiento busca avanzar en los principios de verdad y reparación.
Entre las decisiones relevantes, se procede a la revocación inmediata de todas las condecoraciones y distinciones otorgadas a Mejía Gutiérrez por supuestos resultados operacionales. La JEP sostiene que dichos reconocimientos estarían vinculados a un patrón de macrocriminalidad que dejó 72 víctimas. Entre las personas afectadas se encuentran comunidades indígenas de las etnias kankuamo y wiwa, así como afrodescendientes, mujeres, menores de edad y personas con discapacidad.
- Saldo de víctimas: 72 personas.
- Comunidades afectadas: pueblos kankuamo y wiwa; población afrodescendiente; mujeres; menores de edad; personas con discapacidad.
- Acciones de condecoración: retirada de distinciones otorgadas por supuestos logros operacionales.
Nota institucional: la sentencia establece que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa debe incorporar de forma permanente una sección sobre el contenido y la motivación de la resolución en todos los programas de formación para reclutas y personal militar, y dicha información deberá permanecer publicada en el portal institucional por un mínimo de tres meses, conforme a la providencia judicial.
En paralelo, la JEP remitió copias a la Fiscalía General de la Nación para abrir investigaciones contra seis jueces penales militares y contra el fiscal de Agustín Codazzi, por posibles conductas encaminadas al encubrimiento y la Obstrucción de la justicia en procesos vinculados a víctimas con protección especial. Asimismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad recibió materiales que señalan posibles órdenes conjuntas de mando con el Batallón La Popa, elaboradas durante la comandancia de Mejía.
