Operación judicial vinculada al caso Centros Poblados
La Fiscalía General de la Nación comunicó la allotación de medidas cautelares sobre un conjunto de 23 bienes relacionados con la investigación que rodea el escándalo de Centros Poblados. El objetivo es resguardar activos y avanzar en la posible extinción de dominio de propiedades vinculadas a la contratación para conectividad en sedes educativas rurales.
La acción incluye la posible transferencia de dominio sobre bienes cuyo valor estimado supera 65.900 millones de pesos, mientras que la investigación apunta a un presunto faltante cercano a 70.000 millones de pesos destinados a fortalecer el acceso tecnológico en escuelas apartadas del país.
“La intervención busca asegurar el patrimonio asociado a contratos públicos y evitar su dispersión”, – Vocero oficial de la Fiscalía General de la Nación
Entre las propiedades intervenidas figuran inmuebles urbanos y rurales, estacionamientos y locales comerciales, además de activos pertenecientes a sociedades que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados, según las fuentes oficiales citadas.
- Emilio José Tapia Aldana
- Juan José Laverde Martínez
- Ottomar Lascarro Torres
- Luis Fernando Duque Torres
También se identificaron familiares de estos individuos dentro de la estructura afectada. Los bienes se localizan en varios departamentos del país, concretamente Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.
La investigación señala un patrón en el que bienes de origen lícito coexisten con recursos obtenidos por vías irregulares. Además, se indica que las empresas asociadas a la Unión Temporal funcionaron como herramientas para facilitar las operaciones vinculadas a estos giros financieros.
Notas aclaratorias: las autoridades insisten en que estas medidas no significan una condena, sino mecanismos para asegurar recursos y avanzar en la revisión de responsabilidades dentro del proceso judicial.
