El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este jueves, a través de su cuenta en la red social X, que la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, radicará una acción de tutela contra el Decreto 1390 expedido por el presidente Gustavo Petro, el cual declara una Emergencia Económica, Social y Ecológica por un período de 30 días. Esta medida gubernamental busca enfrentar la insostenibilidad de la deuda pública mediante la venta de títulos de Tesorería (TES) por 23 billones de pesos, en un contexto de vacancia judicial de la Corte Constitucional hasta el 13 de enero de 2026, lo que hace de la tutela el único mecanismo inmediato disponible.
El decreto, firmado el 22 de diciembre de 2025 y acompañado de una alocución presidencial al día siguiente, ha generado una fuerte reacción de la oposición, que lo califica como un nuevo abuso del Gobierno para evadir controles institucionales. Uribe Vélez enfatizó que, mientras la Corte Constitucional retoma actividades, el Ejecutivo podría «escurrire» a los colombianos con esta declaratoria, sumándose a otras demandas paralelas presentadas por figuras como la senadora María Fernanda Cabal, el representante Jonathan Pulido, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella junto a Germán Calderón España, incluyendo acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y acción popular ante el Consejo de Estado.
«El Centro Democrático, encabezado por la Candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy TUTELA contra la Emergencia Económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de Enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso»
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia
Oposición cuestiona fundamentos del decreto
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, argumentó que el documento no se fundamenta en hechos sobrevinientes o extraordinarios que alteren la situación económica del país, mientras el presidente Petro atribuye la crisis al encarecimiento de la deuda, al Congreso que ha hundido dos veces la ley fiscal y rechazó subir tributos a los más ricos —a quienes califica como “vampiros del Estado”—, y a decisiones judiciales que impiden alcanzar el superávit fiscal necesario para sostener la deuda. Petro defendió la necesidad de reducir el déficit primario sin cargar al pueblo, en medio de planes para 2026 que incluyen la desnarcotización en cinco zonas prioritarias como el sur, el norte y Catatumbo, bajo un enfoque de paz vía estado social de mercado.
«el documento no se fundamenta en hechos sobrevinientes o extraordinarios que pudieran alterar la situación económica del país»
Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial
«Ha hundido dos veces la ley fiscal y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
La Corte Constitucional será la encargada de decidir sobre la constitucionalidad del decreto, con posibilidad de suspensión provisional que impactaría la ruta económica de Colombia y el presupuesto para 2026, potencialmente obligando a sesiones extraordinarias del Congreso. Esta movida opositora se enmarca en un pulso político que podría redefinir el manejo fiscal del país en las próximas semanas.
