El gobierno del presidente Gustavo Petro realizó una venta directa de títulos de tesorería (TES) por un monto de 6.000 millones de dólares, equivalentes a unos 23 billones de pesos, al fondo internacional Pimco, en una operación formalizada el 19 de diciembre de 2025 sin subastas públicas ni anuncios previos. Los recursos ya están disponibles para la Nación, con la monetización iniciada el 23 de diciembre, en un movimiento liderado por Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda desde el 3 de abril de 2025, con el objetivo de fortalecer la liquidez gubernamental ante la volatilidad electoral prevista para 2026.
La transacción se llevó a cabo de manera privada, evaluando propuestas de varios fondos internacionales y consultando al creador de mercado local, sin revelar previamente ni el monto total ni la identidad del comprador. De los 6.000 millones de dólares, se monetizaron 1.000 millones en el mercado local, mientras que 930 millones están destinados a derivados, con tasas iniciales 75 puntos base por encima de la valoración de mercado para esa porción. Pimco se comprometió a una estrategia de buy and hold, aunque no fue consignado contractualmente, y fue seleccionada por ofrecer las condiciones más favorables.
Polémica por la opacidad de la operación
Esta colocación atípica, ajena al mecanismo habitual de subastas, ha desatado fuertes críticas de economistas y exfuncionarios por su falta de transparencia, lo que ha llevado a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de control fiscal. Javier Cuéllar defendió la decisión destacando la necesidad de liquidez en un contexto preelectoral.
«Nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran USD6.000 millones».
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
«El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá de quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026».
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, calificó la maniobra como un retroceso de 25 años en transparencia, lamentando que se entregaran 23 billones de pesos a un inversionista privado sin informar sobre tasas ni identidad, rompiendo con un mercado de capitales profundo y equitativo.
«Teníamos un mercado de capitales transparente, profundo, donde se sabe a qué plazos, a qué tasa se colocan los montos. Aquí, a un inversionista privado, sin decirnos nada sobre las tasas, sin decirnos ni siquiera quién es, le entregan $23 billones».
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda
«Todos los inversionistas deben tener exactamente la misma información al mismo tiempo. Un desastre esa colocación privada, un número grande que muestra que viene un problema mayúsculo».
Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda
Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, advirtió que esta opacidad alimenta percepciones de estrés fiscal y podría encarecer el financiamiento estatal, insistiendo en que la urgencia no justifica abandonar las subastas que aseguran igualdad y precios transparentes.
«Esa opacidad, además, alimenta la percepción de estrés fiscal y puede terminar encareciendo el financiamiento del Estado en su conjunto. La urgencia fiscal no puede justificar el abandono del mecanismo de subastas que garantiza igualdad de condiciones y formación transparente de precios».
Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo
La información proviene principalmente de una entrevista con Javier Cuéllar en Valora Analitik, así como declaraciones de Cárdenas en video y de Mejía en X, lo que subraya la controversia en torno a esta operación que busca blindar las finanzas públicas de Colombia ante incertidumbres electorales.
