El gobierno del presidente Gustavo Petro realizó una venta directa de títulos de tesorería (TES) por un monto de 6.000 millones de dólares a la gestora estadounidense Pimco, formalizada el 19 de diciembre de 2025, sin subasta pública ni anuncio previo, lo que ha desatado una fuerte polémica por la aparente falta de transparencia en la operación. La transacción, liderada por Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda desde el 3 de abril de 2025, equivaldría a unos 23 billones de pesos y se justificó como una medida para fortalecer la liquidez del país ante la volatilidad electoral prevista para las presidenciales de 2026.
La operación se llevó a cabo de manera privada, consultando previamente al creador de mercado local y evaluando propuestas de varios fondos internacionales, de los cuales Pimco resultó seleccionada. De este monto total, se monetizaron inicialmente 1.000 millones de dólares en el mercado local a partir del 23 de diciembre de 2025, con tasas 75 puntos base por encima de la valoración de mercado, mientras que otros 930 millones de dólares se destinaron a liquidar derivados previos. Los fondos restantes se monetizarán de forma gradual pero acelerada en moneda local, y Pimco se comprometió a una estrategia de buy and hold, aunque sin cláusula contractual explícita y sujeto a monitoreo por parte de las autoridades.
Críticas por opacidad y retroceso en transparencia
La atipicidad de esta colocación, ajena al mecanismo habitual de subastas que garantiza igualdad de condiciones y precios transparentes, ha generado duras críticas de economistas y exfuncionarios. Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, la calificó como un retroceso de 25 años en materia de transparencia, mientras que Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, advirtió que esta opacidad alimenta la percepción de estrés fiscal y podría encarecer el financiamiento del Estado en general, argumentando que la urgencia no justifica abandonar las subastas. En respuesta, la Contraloría General de la República abrió un proceso de control fiscal para revisar la operación.
«nunca se le reveló a nadie que el monto de la operación eran USD6.000 millones»
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
«El riesgo de liquidez es el que más preocupa en este momento, en un momento previo a la volatilidad electoral en la que el desenlace dependerá de quiénes son los candidatos que lleguen a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026»
Javier Cuéllar, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda
Cuéllar defendió la decisión destacando la necesidad de actuar con discreción para evitar impactos en los mercados, en un contexto donde el riesgo de liquidez se perfila como el principal desafío previo a las elecciones de 2026. La transacción, reportada por Valora Analitik con explicaciones del propio Cuéllar, declaraciones de Cárdenas en video y una publicación en X de Mejía, subraya las tensiones entre urgencia fiscal y principios de gobernanza en la gestión de la deuda pública colombiana.
