El Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, presentó una acción de tutela ante un juez del circuito de Bogotá para suspender los efectos del decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el presidente Gustavo Petro, que tiene una duración de 30 días. La demanda fue impulsada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, junto al director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, y busca la suspensión inmediata de sus efectos hasta que la Corte Constitucional realice el control de constitucionalidad.
Los accionantes argumentan que el decreto genera un vacío de control debido a la vacancia judicial y representa un uso estratégico del poder de excepción para eludir los controles constitucionales, sin que existan hechos nuevos o imprevisibles que lo justifiquen. Este paso se da en el contexto del archivo de la reforma tributaria del Gobierno por parte del Congreso el pasado 9 de diciembre de 2025, lo que dejó un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos. El decreto habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley, incluidos tributarios que podrían recaudar hasta 155.000 millones de pesos equivalentes a unos 41.000 millones de dólares en impuestos especiales, desplazando temporalmente las funciones del Congreso.
Objetivos y alcances de la tutela
La acción de tutela está dirigida contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con la solicitud adicional de ordenar a estos entidades que se abstengan de imponer o recaudar nuevos tributos derivados del decreto controvertido.
“Implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho”
Accionantes en la tutela
En un comunicado, el Centro Democrático enfatizó que permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta iniciativa se suma a otras acciones de tutela presentadas por las senadoras Angélica Lozano y Cathy Juvinao, del Partido Verde, directamente ante la Corte Constitucional, en un momento de tensión política por las medidas fiscales del Gobierno.
“Permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”
Centro Democrático en comunicado
La radicación reciente de esta tutela marca un nuevo capítulo en el pulso entre el Ejecutivo y la oposición, donde el partido uribista busca frenar lo que considera un abuso de las facultades extraordinarias en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país.
