La Compañía Energética de Occidente (CEO), filial de Promigas, confirmó la liberación de dos contratistas vinculados a una firma contratista de la empresa, quienes habían sido secuestrados por grupos armados ilegales el 18 de diciembre de 2025 en una zona rural del municipio de Corinto, al norte del Cauca. La noticia se dio a conocer en un comunicado emitido el 24 de diciembre, tras varios días de cautiverio para las víctimas, interceptadas mientras realizaban labores de mantenimiento y cumplimiento de la legislación ambiental en la red eléctrica.
Los grupos armados exigieron una suma superior a los 200 millones de pesos como condición para la liberación, según información extraoficial. Este episodio representa un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico, como lo denunció la CEO en un comunicado previo del 22 de diciembre, fecha en la que alertó públicamente sobre el secuestro y suspendió sus operaciones en Corinto por motivos de seguridad.
Reactivación gradual y acompañamiento a las víctimas
La confirmación de la liberación abre la puerta a una posible reactivación gradual de las actividades en la zona, aunque la suspensión ha afectado la continuidad y calidad del servicio eléctrico para miles de habitantes en el norte del Cauca. Los contratistas están recibiendo un acompañamiento médico, psicosocial e integral por parte de las autoridades, y en las próximas horas regresarán a sus hogares para reencontrarse con sus familias. La CEO rechazó categóricamente estos actos de violencia y llamó a las autoridades a reforzar la seguridad en el departamento del Cauca, en un contexto de ataques previos a la infraestructura eléctrica, como robos de vehículos y quema de transformadores.
“Actualmente, las personas liberadas están recibiendo el acompañamiento correspondiente para garantizar su bienestar”
Compañía Energética de Occidente (CEO), Energía que Impulsa Desarrollo, una empresa Promigas
Este incidente subraya la vulnerabilidad de los trabajadores del sector energético en regiones conflictivas y pone en evidencia la necesidad urgente de medidas de protección más robustas para evitar interrupciones en el suministro que impactan directamente a las comunidades locales.
