En 2025, el presidente Gustavo Petro protagonizó intensos choques abiertos con las altas cortes colombianas, tras una serie de fallos judiciales que limitaron sus alocuciones presidenciales, suspendieron el decreto 0639 sobre consulta popular y la Ley 2381 de 2024 de reforma pensional, absolvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenaron rectificaciones a varias declaraciones del mandatario. Estas decisiones, emitidas principalmente por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo Nacional Electoral en Bogotá, se produjeron a lo largo del año, con episodios clave como el 3 de octubre respecto a las alocuciones, entre el 11 y 18 de junio por la consulta popular, el 14 de junio en la reforma pensional, el 22 de octubre en el caso Uribe y múltiples fechas desde febrero hasta diciembre por las rectificaciones.
Los fallos respondieron a demandas civiles, suspensiones provisionales, ponencias judiciales y recursos de casación, motivados por límites al poder presidencial, la separación de poderes, vicios en trámites legislativos y afectaciones a derechos de terceros. En los primeros nueve meses de 2025, Petro realizó más de una decena de alocuciones, lo que llevó al Consejo de Estado a fijar condiciones como excepcionalidad, urgencia y objetividad, además de ordenar un marco regulatorio a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Antecedentes de advertencias de la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral desde 2024 ya señalaban excesos en estas intervenciones.
Los fallos que tensionaron el pulso entre Ejecutivo y Judicatura
La suspensión del decreto de consulta popular ocurrió entre el 11 y 18 de junio, mientras que la reforma pensional fue frenada el 14 de junio por inconsistencias en la conciliación, artículos sin discusión suficiente y dudas sobre el cuórum. Un empate 4-4 en la Sala Plena de la Corte Constitucional el 24 de noviembre dejó el tema pendiente, con 18 conjueces disponibles para desempatar. El 22 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe Vélez, aunque queda pendiente un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia. Además, se ordenaron rectificaciones por acusaciones presidenciales contra figuras como Hannah Escobar, Marta Lucía Ramírez, Mario Burgos, Jorge Armando Bohórquez, Paloma Valencia y varios periodistas. En paralelo, el Consejo Nacional Electoral sancionó a Colombia Humana por irregularidades en la campaña de 2022, sanción que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente en abril de 2025.
Reacciones encendidas y defensa de la independencia judicial
La relación entre el Gobierno y las altas cortes pasó de un diálogo tenso a un pulso abierto en 2025, con Petro promoviendo incluso una asamblea nacional constituyente como respuesta a estos fallos. El presidente no escatimó en críticas, afirmando en una ocasión: “Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado”. En otro momento, acotó: “Acato esa decisión, pero no la comparto…”, y cuestionó: “Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”.
“La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege”
Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional
“Descalificar las decisiones de la Rama Judicial, bien sean de una esquina o de otra (…) es nocivo para la democracia”
Hermes Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
Estos episodios pusieron a prueba las reglas del Estado Social de Derecho y la separación de poderes en Colombia, evidenciando un año de fricciones institucionales que podrían redefinir los equilibrios entre ramas del poder público.
