En un año marcado por intensas tensiones institucionales, el presidente Gustavo Petro protagonizó múltiples choques con las altas cortes colombianas durante 2025, derivado de fallos que limitaron sus alocuciones presidenciales, suspendieron el decreto de consulta popular y la reforma pensional, absolvieron al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, y ordenaron rectificaciones de declaraciones presidenciales. Estas decisiones emanaron de entidades como el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo Nacional Electoral (CNE), todas con sede en Bogotá, y se produjeron a lo largo del año con hitos clave como el 3 de octubre para las alocuciones, el 11 y 18 de junio para el decreto 0639 de consulta popular, el 14 de junio para la reforma pensional, y el 22 de octubre para la absolución de Uribe.
Los fallos judiciales respondieron a demandas civiles, suspensiones provisionales, sentencias con condiciones, recusaciones y empates en votaciones, argumentando límites al poder ejecutivo, violaciones a la separación de poderes, afectación al pluralismo informativo y derechos de terceros. En los primeros nueve meses de 2025 se registraron más de una decena de alocuciones presidenciales, lo que llevó al Consejo de Estado a fijar condiciones obligatorias como excepcionalidad, urgencia y objetividad el 3 de octubre. El decreto 0639 fue suspendido provisionalmente entre el 11 y 18 de junio, mientras que la Corte Constitucional detuvo la entrada en vigencia de la reforma pensional el 14 de junio por vicios en el trámite, un proceso complicado por el conjuez Pablo Márquez y recusaciones. Además, se acumularon al menos siete órdenes de rectificación contra Petro por declaraciones sobre Hannah Escobar el 10 de febrero, Marta Lucía Ramírez los 4 de octubre y 10 de diciembre, Mario Burgos, Jorge Armando Bohórquez el 15 de noviembre, Paloma Valencia y periodistas el 20 de octubre. Un empate 4-4 en la Sala Plena de la Corte Constitucional el 24 de noviembre sobre la Ley 2381 de 2024 reflejó la polarización, y el CNE sancionó a Colombia Humana por irregularidades en la financiación de la campaña de Petro en 2022.
Reacciones presidenciales y defensa judicial
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Álvaro Uribe en segunda instancia el 22 de octubre, avivando las críticas del Ejecutivo. Antecedentes como advertencias de la Procuraduría y la MOE sobre alocuciones desde 2024 contextualizan esta relación tensa que escaló a pulso abierto en 2025, probando la separación de poderes, suspendiendo reformas clave y generando debate sobre una asamblea constituyente, en medio de tensiones con el CNE por investigaciones de la campaña de 2022.
“Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Acato esa decisión, pero no la comparto…”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Petro cuestionó abiertamente la justicia con frases como “Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto” y “¿De dónde tanta ignorancia jurídica? La Constituyente solo hará garantía real de los derechos fundamentales”, en alusión a las suspensiones y la amenaza de una “estampida en Colpensiones”. Por su parte, el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, defendió la institucionalidad al afirmar:
“La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege”
Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado y presidente de la Corte Constitucional
Estos episodios no solo paralizaron iniciativas del Gobierno, sino que reavivaron discusiones sobre los equilibrios institucionales en Colombia, dejando un legado de confrontación que podría influir en el panorama político hacia el cierre de la administración Petro.
